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El jerarca dijo que “esta es la primera presentación en el marco de una gira que vamos a hacer por todo el país. La idea es visitar todos los departamentos para contra qué es el anteproyecto para personas trans”-

Graña explicó que, “si bien el 17 de mayo se hizo la presentación en la Torre Ejecutiva” llevarlo a todo el país “para que se debata seriamente y con más sustento. Y sacar las dudas que pueda tener la población”.

Destacó que el objetivo es explicar “qué es la ley y por qué es necesaria. Como se sabe, hasta hace poco hubo legisladores que competieron formularios falsos sobre la ley, con conceptos bastante complejos. Y eso lo que hace, en realidad. Es re victimizar a las personas trans en un proceso de exclusión que han tenido históricamente en el país”.

“Lo positivo es tratar de aprovechar esos errores y esa situación para poder modificar un poco esos prejuicios que hay en la sociedad. Capaz que el más fuerte de todos es el de esa supuesta elección que tienen las personas trans en el comercio sexual, ese prejuicio de que todas las personas trans están en el comercio sexual porque quieren”, señaló.

Anunció que en setiembre se van a presentar una serie de datos del censo de las personas trans que hizo el MIDES en 2016. Indicó que los datos, que están siendo analizados, permiten dar algunas respuestas a las preguntas que se plantean, entre ellas por qué están en esa situación.

“PLENO EJERCICIO DE DERECHOS”

En la exposición de motivos, se indica que el objetivo de esta iniciativa es “lograr el pleno ejercicio de derechos de las personas trans que viven en Uruguay por los fundamentos que se detallan a continuación”.

También se expresa que “por personas trans (travestis, transexuales y transgéneros) se considera a aquellas que se autoperciben y/o expresan un género distinto al esperado socialmente en función del sexo que les fue legalmente asignado al momento del nacimiento, o bien que viven un género que resiste encuadrarse dentro de los márgenes del binarismo masculino/femenino”.

“Las personas trans que habitan el territorio nacional han sido históricamente víctimas de estigma, discriminación y violencia social y estatal, lo que ha conllevado importantes dificultades para el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es por eso que se considera imprescindible aprobar una ley integral que incluya una pluralidad de dimensiones y que permita atender en forma simultánea distintos problemas y exclusiones que interactúan en esta población tan duramente castigada y excluida, que conforman una realidad en sí misma diferente a cualquier otra y que necesita herramientas específicas para su superación. Como se evidencia en la literatura académica internacional y nacional los mecanismos por los que operan el estigma y la discriminación (particularmente la transfobia) no se circunscriben a una etapa de la vida de las personas, a un territorio o a un sector social específico, sino que son un componente permanente que actúa en todos los ámbitos vitales contribuyendo a su deshumanización y desciudadanización”, se agrega.

RESULTADOS DEL CENSO

Se indica que “el Primer Censo Nacional de Personas Trans, realizado en 2016, relevó un total de 873 personas encuestadas. y ofrece datos contundentes sobre las consecuencias que generan estos mecanismos específicos de discriminación sobre el conjunto de la población trans – independientemente de las trayectorias individuales– que acarrean importantes vulneraciones a sus derechos humanos y al acceso a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La discriminación sufrida por las personas trans en la propia familia, desencadenada por el proceso y el desarrollo del cambio de identidad de género, genera su expulsión y desvinculación temprana del hogar en un 25% de las situaciones relevadas”.

“En cuanto a la educación, el fuerte acoso cotidiano de docentes, funcionarios/as y compañeros/as que enfrentan las personas trans en los centros educativos genera que el 75% haya desertado de sus estudios, que el 60% tenga el ciclo básico incompleto, y que la edad promedio de abandono del sistema educativo sean los 14 años. Se trata de cifras alarmantes si se las compara con la población en general. Además, en los centros educativos las personas trans tienen graves problemas para acceder al uso de los baños, los vestuarios y para lograr el reconocimiento de su nombre social (o de uso) en la interacción cotidiana con las autoridades y docentes. En lo que respecta al derecho al acceso a la salud, también la situación es muy compleja: si bien se han realizado avances en los últimos dos años en este terreno han sido casi exclusivamente en ASSE, el sistema de salud en su totalidad debe destinar recursos para el abordaje de las necesidades específicas vinculadas con la salud de las personas trans, garantizando el acceso a tratamientos de hormonización y operaciones de reasignación de sexo, entre otros”.

Por ello, se destaca que se necesita impulsar “una serie de acciones que aborden la situación de las personas trans desde un enfoque integral que abarque distintas dimensiones de la vida: salud, educación, trabajo, vivienda, cultura. Es fundamental tener en cuenta las relaciones mutuas y necesarias entre los distintos derechos y el reconocimiento de que la garantía de unos será dependiente o contribuirá al disfrute de otros, al igual que la vulneración de unos incidirá en la afectación de otros”.