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“Esta es una situación de violencia doméstica extrema, de privación de libertad durante 18 años, un atentado a los derechos humanos”, señaló, rotundamente, la psicóloga Lourdes de León, a FM Gente. La profesional integral el equipo de Políticas de Género que, este mismo viernes, se entrevistó con las dos jóvenes recluidas en su casa y también con su madre.

De León explicó que se enteraron de este caso hace tres días, a traves de técnicos de Políticas de Adicciones que trabajan en el barrio y de personal de una policlínica de ASSE, en forma coincidente con la carta que un grupo de vecinos enviaron pidiendo ayuda a la policía. “No habíamos actuado antes porque no sabíamos de este caso, pero al ver la versión de prensa necesitamos salir a aclararlo. Aquí no hay ninguna discriminación racial ni ninguna necesidad de protección, sino un caso de violencia doméstica extrema”, sentenció la psicóloga.

Por motivos profesionales, para proteger la confidencialidad del trabajo y la integridad de las víctimas, De León se limitó a señalar que las dos jóvenes han sido privadas de su libertad –“secuestradas”- durante 18 años. “Hay una situación de violencia psicológica, física y de vulneración absoluta de los derechos humanos”, insistió.

Precisó que el equipo técnico de la intendencia se entrevistó esta mañana con las tres víctimas y, por la tarde, radicó la denuncia ante la Unidad Especializada de Violencia Doméstica de Maldonado. Los profesionales no se explican cómo el caso –denunciado hace dos meses por un vecino- quedó sin resolución a nivel penal.

De León señaló que el caso es tan grave, que la hermana más grande quedó en cuarto o quinto año de la escuela y que la más chica ni siquiera fue enviada a estudiar. De hecho, explicó que una de ellas presenta una malformación en la cadera “por no poder caminar”. La madre, añadió, también es víctima de esa situación.

El diagnóstico primario de la psicóloga y asistentes sociales de la Intendencia coincide con lo señalado por vecinos de las víctimas de FM Gente y confirma la presunción de los técnicos que trabajaban en la comunidad. Es diametralmente opuesto a la versión de los actores judiciales que derivaron el caso a materia de Familia.