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El jerarca afirmó que “estamos impidiendo que se sigan ocupando predios que son propiedad de la IDM, que son necesarios para la regularización de ese grupo de familias que están ahí, que son más más de 800”.

“Y para el plan de regularización que se pretende llevar a cabo a través del Programa de Mejoramiento Barrial del Ministerio de Vivienda, que antes era el PIAI” se precisa “tierra para el realojo de las familias, que se encuentran hacinadas, en zonas inundables. Hay que abrir calles”, destacó.

“Se había reservado esa zona para este programa”, apuntó.

Sin embargo, dijo que, a partir de septiembre, “se producen nuevas ocupaciones. Se denunció el hecho a la Fiscalía. Lamentablemente, no ha habido una actuación hasta el momento”.

Lussich precisó que “lo que se hizo” en las últimas horas fue “desarmar precarios intentos de construcción, que estaban totalmente deshabitados y sin pertenencias adentro”.

“La Intedencia no tiene la facultad como para desalojar familias o personas de adentro de sus viviendas. Para eso se debe concurrir a la Justuca. Tenemos facultad, por el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial, para intervenir con construcciones ilegales deshabitadas que se encuentran en espacios públicos o predios propiedad de la IDM. Y eso es lo que ocurrió”.

Manifestó que se trata de “cinco construcciones… Se había notificado a las personas que estaba construyendo. Tres de ellos dijeron que desarmaban por su propia voluntad y se retiraron con sus pertenencias. Otra persona pidió si se le podían trasladar los elementos con los que estaba construyendo a casa de un familiar… Es eso. Después se sumaron un montón de vecinos de la zona a hacer esas manifestaciones, la visita de los referentes políticos, etc., etc.,”, señaló.

Sin embargo, afirmó que “ninguna persona que haya dormido en una vivienda la noche anterior a que la IDM hizo este trabajo, perdió su techo. Las que se demolieron, estaban vacías de pertenencias y de personas”, insistió.