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“Tal vez esta sea la gota que derrame el vaso y la intendencia junto con el ministerio (de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), deben tomar cartas en el asunto, porque no solo en este momento hay una persona que está ejerciendo su derecho en cuanto a denunciar la usurpación de su tierra, sino que además tenemos que solucionar el problema también de 600, 700 vecinos, trabajadores que viven asentados en La Capuera y que también están en la incertidumbre, por la aparición de los dueños y por la amenaza de la intendencia de rematar aquellos terrenos que tuvieran deudas por contribución inmobiliaria”, explicó Rodríguez.

Recordó que respecto a este tema se han cumplido diferentes instancias y a distinto nivel, pero que ante la precipitación de los acontecimientos, debe lograrse una reunión entre la Comisión de Vivienda de Diputados con el intendente de Maldonado, Oscar De los Santos y los vecinos. “Vamos a reclamar con más fuerza que se haga esa reunión de una vez por todas a los efectos de tratar que se solucione este problema grave”. Dijo además que justifica las acciones que llevan adelante los propietarios de las tierras al amparo de la Ley Nº 18.116 sobre usurpación, por lo que “la intendencia haga lo mismo en aquellos lugares donde se están formando asentamientos”, porque, “perfectamente tiene como comprobar que son intrusos y que eso genera y va generar un grave problema social en el departamento de Maldonado”.



UN PROBLEMA AMBIENTAL QUE AVANZA

En otro sentido pero en relación al mismo problema, Nelson Rodríguez alertó sobre el grave riesgo de contaminación a que está expuesta la Laguna del Sauce, principal recurso hídrico del departamento, ya que la agresión al espejo de agua está comprobada.

“Directamente está teniendo una contaminación muy importante; el asentamiento humano alrededor de ese espejo de agua va a ser que las filtraciones naturales por la topografía del terreno, las filtraciones de los pozos negros, las aguas servidas y las aguas jabonosas, vaya todo ahí, hacia nuestra principal reserva de agua dulce”. Insistió que se trata de un potencial peligro que debe ser atendido inmediatamente incluso por el Mvotma. “Hay una gran responsabilidad social acá en todos los sentidos, para que las autoridades actúen en este lugar como algo focalizado y diferente inclusive, a otros lugares donde puedan haber situaciones similares”.

El diputado Rodríguez recordó que este problema afecta terrenos que “han estado a la mano de Dios durante una cantidad de años, prácticamente abandonados. Durante muchos años ahí hubo gente que libremente fue ingresando y se fue asentando, la mayoría de ellos por necesidades económicas porque no tenían como alquilar, y se fueron haciendo su casa”, y aclaró que no es un problema generado durante el actual gobierno, porque hay familias en la zona de La Capuera que tienen 30 años de radicación irregular.

“Hay un concenso político importante, hablamos de los cinco diputados que estamos representando a los tres partidos políticos con representación parlamentaria, que estamos de acuerdo en que hay que expropiar, y yo creo que es un respaldo político fundamental, para que las autoridades en este caso de la intendencia de Maldonado, inicien esas gestiones de expropiación”, agregó, más aún teniendo en cuenta que hay una deuda millonaria en dólares por concepto de contribución inmobiliaria, lo que abarataría los costos al municipio si decidiera hacerse de esos terrenos.



LA LENTITUD DE LA DINAMA

En otro orden, el diputado nacionalista anunció que la próxima semana mantendrá un encuentro con la directora Nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, para analizar algunas situaciones que se están dando en Maldonado y Rocha, con el enlentecimiento de los trámites para lograr la autorización de distintas inversiones extranjeras.

Nelson Rodríguez explicó que mientras por un lado importantes delegaciones oficiales de los municipios de Maldonado y Rocha viajan al exterior a captar inversores, cuando estos llegan a Uruguay se encuentran con trabas a nivel de la DINAMA ante lo cual optan por retirarse del país.

“Uno de los proyectos, que era un campo de golf y spa, con todos los servicios, ubicado cerca de la zona de José Ignacio y que agrupaba a varios padrones en un área mayor para poder cumplir con los requisitos necesarios para el tamaño de la cancha de golf, es uno de los emprendimientos que ya no se va a hacer, porque hace casi dos años que está a la espera de una contestación de la DINAMA en cuanto a la viabilidad o no del proyecto”, ejemplificó.

Al mismo tiempo, afirmó que casi en la misma situación se encuentran otros 9 o 10 proyectos que comprenderían inversiones globales de entre 100 y 200 millones de dólares. Dijo finalmente, que además se suma la incidencia de varios artículos de la recientemente aprobada Ley de Ordenamiento Territorial que, se anunció, serán modificados.

Redactado: R.A.