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Salaberry dijo que la adecuación presupuestal del municipio en materia de vivienda, lo que presenta es una variación de los números, ya que se había previsto un presupuesto de 12 millones de dólares para la construcción de viviendas, compra de tierras y materiales, pero que “por la variabilidad de los precios, sobre todo de algunos elementos en el tema de la construcción, esa cifra pasó a ser de 17 millones”.

Dijo que, el compromiso de erigir unas 1.500 viviendas en todo el departamento, sigue plenamente vigente a pesar de que no se esté cumpliendo matemáticamente con las 300 soluciones por año.

“Un programa de viviendas es a mediano y largo plazo, no es como un programa laboral que de repente lo puedo planificar un mes y al siguiente estar ejecutándolo. En los programas de vivienda hay cinco componentes”, aclaró.

Según Salaberry, el proceso es muy engorroso porque antes que nada se deben obtener las tierras, un aspecto que genera muchos problemas; luego la licitación para obras de infraestructura como amanzanamientos, calles y todos los servicios necesarios, para luego dar paso a otras etapas.

Explicó que en continuación Avenida Aiguá (Maldonado) se están terminando de fraccionar unos 300 solares; se está terminando otro en Las Flores donde los beneficiarios se están construyendo sus viviendas; en Pan de Azúcar se trabaja en los fraccionamientos de la cooperativa Florencio Sánchez (se construirán 68 viviendas) y de otros dos grupos municipales que comprenderán 57 viviendas; en Pirlápolis se trabaja en el fraccionamiento donde serán realojadas 54 familias del asentamiento Selva Negra; y en San Carlos también se trabaja en un fraccionamiento donde se levantarán 80 fincas. Se trata de la primera etapa de un programa que es mucho más ambicioso, aclaró el jerarca.

Gustavo Salaberry puntualizó que al final del quinquenio, “lo que no vamos a tener posiblemente sean 1.500 familias viviendo dentro de las casas. El proceso de construcción, las 1.500 soluciones habitacionales que van a ir contempladas con estos programas y con otros, implica que posiblemente tengamos familias que estén iniciando la construcción y no estén viviendo”.



EL PROBLEMA DE LAS TIERRAS

El director de Integración y Desarrollo Social de la comuna, dijo que el interés de la administración De los Santos es acelerar lo más posible todo el proceso, para que quien inicie la etapa de construcción tenga otra seguridad.

A todo esto, una segunda etapa es analizada en estos momentos por la Unidad (técnica) de Ejecución y Planificación de Vivienda, la que definirán los pasos a seguir.

En ese marco está incluido un fraccionamiento sobre Ruta 39; el predio adquirido en la zona de Cañada de Aparicio (con una potencialidad urbanizable de 150 a 200 soluciones); y en la zona de Cylsa donde se realizan cateos sobre un terreno de 21 hectáreas para conocer las características del subsuelo.

Asimismo el jerarca adelantó que probablemente en el mes de julio se esté realizando el lanzamiento de un plan para quienes posean terrenos pero no pueden construir. “Estamos pensando en personas que han comprado un terreno de repente, antes de la crisis de 2002, después se atrasaron, hoy lo están terminando de pagar, pero es imposible para esas familias estar terminando de pagar el terreno y encima construir con los precios que tienen los materiales de construcción”. En tal sentido está previsto lanzar un plan piloto de 50 canastas de materiales aunque la idea es en 2009 ampliarla a 100 para la autoconstrucción.

“Hay un sin numero de cosas que están en proceso; como es la negociación con el Banco Hipotecario, cerrada en términos de negociación pero donde se están haciendo los procesos administrativos para la adquisición de Urbaneste, 80 apartamentos sobre la Ruta 39. Ahí vamos a poder dar respuesta a un sector de ingresos medios, por encima de los 12 o 15 mil pesos, que se pueda comprometer a una cuota que como piso tenga $ 2.500, porque los valores de esos apartamentos andan en los U$S 20.000”, adelantó Salaberry, anunciando que además se están negociando deudas de fraccionamientos que pasarían a manos de la comuna, como forma de cancelar las mismas.

Asimismo dijo que la aprobación de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, que entre otras cosas prevé la asociación público-privada, le da más herramientas al municipio para seguir trabajando de manera de potenciar los programas de viviendas, en este caso apuntando a capas de ingresos medios, para cubrir la demanda por ejemplo, que se produjo con la desaparición del Banco Hipotecario del Uruguay, “como organismo de vivienda a nivel nacional”.

Finalmente Gustavo Salaberry confirmó que según los últimos datos que estaba manejando, en el departamento de Maldonado hay un déficit habitacional de aproximadamente 18.000 soluciones, aunque el índice puede variar dependiendo de la cantidad y variedad de alternativas que tengan los vecinos. “Cuanto más ventanillas tengo y más identifico actores que me puedan resolver la situación, más demanda hay”, aclaró.

Redactado: R.A.