Facebook Twitter WhatsApp

Recordó que, en la ley de reforma tributaria, cuando se creó el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) y el Impuesto a los No Residentes y se reformó el Impuesto a la Renta Empresarial (IRAE) se creó un poco el concepto de residencia fiscal”, que venía “muy estandarizado por el modelo de la OCDE para evitar la doble imposición”.

IMPORTADOR “NETO” DE CAPITALES

“Por más que hay excepciones, Uruguay es un país que siempre se ha destacado por ser importador neto de capitales”, agregó. Señaló que la mayoría de las empresas en el país, son filiales de compañías extranjeras.

Bonet indicó que Uruguay, tanto desde el punto de vista migratorio como fiscal, ha tratado de “atraer a personas para que se vengan a vivir. Y además, desde el punto de vista histórico, como es un importador neto de capitales, rara vez le importaba al fisco uruguayo gravar las rentas y el patrimonio que se tuviera del país. Siempre se procuró de tener la fuente territorial: esto es sólo gravar a los sujetos por las rentas y los activos que tuvieran en Uruguay”.

“Eso tuvo una pequeña excepción en 2011, cuando se empezó a gravar a los uruguayos por los intereses que tengan en el extranjero”, apuntó. “Pero la ‘madre’ es esa. Por el contrario, países que se concederán exportadores de capital, y Argentina de considera así, más allá de la coyuntura particular, gravan por la renta mundial. Por lo cual el vector pasa a ser un poco el de la residencia”, explicó.

Mencionó que, tras el cambio originado en las elecciones y luego del “blanqueo” que existió en Argentina, el 29 de diciembre pasado el gobierno del Alberto Fernández sancionó un a ley de “solidaridad fiscal”. Esa norma establece el impuesto a las ganancias –a la renta- y el impuesto sobre bienes personales –que es “nuestra versión del Impuesto al patrimonio”, expresó-.

El abogado agregó que, “en bienes personales, regía el criterio de domicilio y se cambió por el de la residencia fiscal, que es mucho más estricto”.
MOVIMIENTO OPUESTO

Consideró que Luis Lacalle Pou, que asumirá el 1° de marzo, quiere hacer “el movimiento opuesto… De alguna manera, busca flexibilizar criterios para traer personas a vivir a Uruguay”. Expresó que eso ha motivado “esta serie de charlas y movidas entre colegas, asesores y la opinión pública, para que Uruguay se transforme en un país de acogida de gente para generar volumen y oportunidades de trabajo… Obviamente, se está apuntando a gente que venga con capitales. Eso es claro”.

Informó que hay varios países que ya lo hacen. “Estados Unidos es un pionero en eso… Lo que pasa es que con Estados Unidos nadie se mete. Nadie va a hacer una maniobra para contrarrestarlo. Pero Uruguay no tiene la posición de Estados Unidos y lo que ha hechos es flexibilizar ese criterio de residencia”, sostuvo.

Dijo que, desde 2007, para obtener la residencia fiscal en Uruguay “hay que vivir seis meses más un día” e incluso puede tener una salida esporádica menor a 30 días, en el año. Dijo que algunos argentamos estaban unos días en Uruguay y dada la cercanía con Buenos Sires se iban menos de 30 y volvían. Esto llevó a que la DGI considera que, más que una “salida esporádica”, eso era una “entrada esporádica”. Expresó que, a raíz de algunos juicios al respecto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo opinó igual que la DGI y expresó que el criterio de las salida esporádicas “debe ser interpretado con racionalidad”, lo que significa que sean menores a las entradas físicas.

Por tanto, dijo que se pasó del criterio objetivo de los 30 días “a una interpretación jurisprudencial”, que tiene meses de sanción.

Además, dijo que, en 2016, se sancionó un decreto “que añade hipótesis de residencia fiscal por activos” Indicó que si la persona compra un inmueble por 1.850.000 dólares al día de hoy (15 millones de Unidades Indexadas) o tiene un bien en una compañía “que tengan proyectos productivos e Uruguay por cinco millones y pico, puede ser residente fiscal”.

“Esto trae un movimiento inmobiliario importante ahora”, especialmente en la zona de Maldonado, señaló. “Pero uno tiene que ser acá y dejar de ser en Argentina. El punto clave es que Argentina tiene dos criterios para dejar de ser: tener la residencia permanente en otro país, que podría ser Uruguay; o permanecer en el exterior 12 meses”, afirmó.

Opinó que las reformas puede ser que la cifra requeerida para el inmueble puede ser de una sociedad y que se admitan los depósitos, que hoy no están contemplados. “Pero igual la persona va a tener que lograr la baja en Argentina, o ante la Receita Federal en Brasil, o quine sea… Esto no lo soluciona”, precisó.
Expresó que si el país del cual es la persona considera que también el residente fiscal, se produce un problema de doble imposición. “Incluso, me ha pasado, de gente que la consideran residente en más de dos países. Y hay gente que no considera residencia en ningún lado. Son los famosos apátridas fiscales, que también los hay”, subrayó.

DOBLE TRIBUTACIÓN Y FLEXIBILILIZACIÓN

El experto señaló que Uruguay tiene con Argentina, desde 2012, un acuerdo para evitar la doble tributación. Añadió que se establece allí “reglas de desempate”. Dijo que el primer criterio es tener vivienda permanente a disposición, aunque puede ser alquilada. Si se tiene viviendas en los dos países, se considera el “núcleo de intereses vitales”, donde se vive habitualmente y, finalmente, la nacionalidad.

Por otra parte, dijo que se podría extender a 10 años el plazo que se le da a los no residentes para no tributar, que hoy está en cinco años, desde 2011, como lo tiene España, que también es miembro de la OCDE.

Bonet manifestó, asimismo, que, más allá de otras consideraciones políticas y migratorias, “es partidario de que el mecanismo” de residencial fiscal “se flexibilice”.