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Durante la gestión del entonces intendente Gilberto Acosta Arteta, la Intendencia de Maldonado cedió ambos predios constituidos por varios padrones, indicó el diario El País. En los mismos se levantarían las viviendas de los funcionarios de la Intendencia de Maldonado. Covidemm pidió un préstamo al Banco Hipotecario mediante la escritura de una hipoteca de garantía.

LA TERMINAL DE ÓMNIBUS

El proceso fue retomado durante la dictadura militar cuando el entonces intendente interventor, el coronel José María Siqueira, resolvió tomar un sector del predio para construir el tramo de la calle Sarandí hasta la avenida Roosevelt y levantar la terminal de ómnibus. Los integrantes de Covidemm aseguran que la Intendencia de Maldonado no realizó trámite expropiatorio alguno. Tampoco el préstamo fue amortizándose. Los funcionarios tampoco reclamaron a la Intendencia por el sector del predio tomado, ni por regalías que generó a lo largo de las décadas la explotación de la terminal levantada en una parte de su terreno.

Con el correr del tiempo, la hipoteca pasó al fideicomiso creado a partir de la crisis del 2002. La AGN es la encargada de recuperar el monto prestado a la cooperativa de viviendas de los funcionarios municipales.

El padrón donde se encuentran las viviendas tiene una superficie de 11.797 metros cuadrados y es delimitado por las avenidas Orlando Pedragosa Sierra y Roosevelt con las calles Sarandí y San José.

En las últimas semanas, los propietarios de las fincas y la propia Intendencia de Maldonado fueron notificadas de forma individual por la Agencia Nacional de Vivienda. Fuentes del organismo indicaron a El País que cada uno de los vecinos fue notificado del monto que adeuda al estado por la compra de la vivienda.

UNA LARGA HISTORIA

La maestra Elsa Díaz de Méndez, que es cooperativista, dijo a FM Gente recordó que “el tema se remonta a los años 70, cuando era intendente Gilberto Acosta Arteta, que hace una donación a los funcionaros municipales”, para que pudieran tener su vivienda. Señaló que el proyecto original de la cooperativa incluía el predio que hoy ocupa la Terminal.

Manifestó que se hizo una hipoteca sobre el terreno, que se iba a pagar al Banco Hipotecario de forma global y mensualmente por parte de los 54 cooperativistas. “Con el tiempo empieza a haber dificultades, por una razón, por otra, porque no se lograba llegar mensualmente al total de la cuota. Y nos fuimos atrasando con el BHU. Pedimos entonces que nos cambiaran la modalidad de cooperativa, para que cada uno pagara su vivienda. No podíamos pasar a propiedad horizontal, pero sí cambiar la modalidad de la cooperativa”, destacó.

Indicó que luego surgieron inconvenientes, porque además el gobierno militar “nos sacó parte del terreno que habíamos hipotecado”, se hizo una calle y se construyó la Terminal. “Y también vimos problemas porque la empresa constructora, Norte, nunca nos dio la final de obra. Y nos entregó las viviendas con una terminación muy precaria”, agregó.

Díaz señaló que todo esto “está registrado”, con la documentación correspondiente. “Y luego empezó la peregrinación, desde el año 85, por los sucesivos gobiernos, autoridades del Banco Hipotecario… Recién en estos momentos estamos logrando que un gobierno departamental reconozca que la terminal está construida en un terreno que no es de la Intendencia”, afirmó.

SE ESPERA UNA SOLUCION

Señaló que ahora pasó “todo esto a la ANV” y “estábamos confiados en que íbamos a encontrar una solución… Que se reparta cada vivienda, que cada cooperativista se haga cargo de su deuda, acordar el pago y poder acceder a la propiedad de la vivienda. Y ahora nos desayunamos con esta situación. Vino ese papel de remate. Estamos confiados que se va a entrar en razón. Quedamos unos 20 cooperativistas de los originales y estamos pasando los 70 años. Tendrá que haber algo de sensibilidad. Siempre hay una fórmula, a través del diálogo, para encontrar una solución que convenza a todas las partes”.

Si bien se estima que la deuda global sería de unos tres millones de dólares, la cooperativista dijo que no lo saben bien, porque nunca se ha documentado. Aclaró que no es cierto que no se haya pagado nada. “Se pagaron algunos años y tenemos los recibos correspondientes”, explicó.

Aclaró que las viviendas no se pueden vender, por lo que lo que se ha registrado, en algunos casos, “es una cesión de derechos”. Y también hay sucesores de algunos de los cooperativistas originales, añadió.

También señaló que, por un expediente iniciado hace unos 30 años, todos pagan la Contribución Inmobiliaria, cada uno por su unidad. “Los únicos que no nos reconocen a pagar por unidad, de acuerdo a los ingresos que se tengan, es la ANV”, resaltó.

Manejó que espera que los socios de la cooperativa puedan integrarse a una comisión tripartita que la Intendencia está impulsando “para empezar a dialogar”.