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El jerarca dijo, a título personal, que está de acuerdo, “en parte”, con la sentencia dictada por la justicia para un caso concreto y que establece que OSE no puede dejar sin agua potable a los usuarios que adeudan la tarifa.

Precisó que la resolución judicial está referida a un caso concreto y no tiene carácter general, si bien se recomienza a la OSE “que se abstenga de prácticas similares para el futuro”.

En estos días, OSE recibió una sentencia judicial condenatoria. Se trata de un reclamo más en un largo collar de perlas, que obliga al ente a pagarle más de $ 100.000 a un usuario por lucro cesante, gastos y daño moral. La demandante ni siquiera contó con un abogado defensor durante el juicio que emprendió contra el gigante estatal. Más allá de fijar un monto que siempre va a ser irrisorio para la empresa, la jueza de Paz Susana Cardoso de Nicola sentó un precedente señalando que la OSE, que tiene el monopolio en Montevideo, no puede cortar el suministro del agua, por tratarse de una necesidad básica para la vida, señaló el diario El País.

Rodríguez manifestó a FM Gente que en este caso se hicieron los estudios correspondientes y no se detectaron “perdidas invisibles”.

Consideró que “muy bien hizo la usuaria en reclamar” ante OSE y ante la justicia, en el marco de la ley de proyección al consumidor. “Y la justicia le dio la razón. La otra es cuestión es cómo OSE efectúa el cobro de esa deuda que se generó por el exceso de consumo”, agregó.

Aclaró que OSE ha tercerizado la tarea de tomar los consumos. “Eso trae como riesgo que, si no se efectúa un control, puede haber excesos… Eso es algo a corregir y después de estos hechos vamos a recomendar timar medidas al respecto”.

“Pero el otro aspecto es el corte del agua para cobrar la deuda”, resaltó. Y recordó que la Constitución establece, desde 2004, que el acceso al agua, al igual que al saneamiento, “es esencial es fundamental y tiene que ver con el derecho a la vida”, por lo que derogó las disposiciones que permitían el corte en un proceso de cobro de una deuda por el servicio, indicó.

“Lo que dice la justicia y que comparto es que OSE tiene otros medios jurídicos, técnicos, de negociación y demás, para llevar a cabo el cobro de la deuda generada por el consumo del agua. Ahora, esto va a implicar atenerse a resultancias, porque una vez que esta sentencia ha tomado estado público otras personas van a hacer sus planteamientos. Y es de buena política que el organismo adopte medidas para evitar nuevas instancias judiciales adaptando sus procedimientos a la disposición constitucional”, aseguró.

Además, precisó que “OSE cumple un servicio social. Su finalidad no es el lucro”. Y dijo que, por tanto, va a tener que rever su estructura tarifaria, ya que en la medida que se pasan varias etapas significa “un incremento muy grande” para la población de de medianos y bajos ingresos.

En sentido, propuso que la población que tenga un ingreso de hasta 10 Unidades Indexadas (UI), “que hoy en día andaría alrededor de 10 mil pesos mensuales, tenga derecho a esa tarifa mínima adecuada y no tener que llegar a situaciones de no poder contar con eso. Y siempre estableciéndose, reitero, que la OSE no podrá cortar el agua para poder cobrar la deuda”.

Consideró que Rentas Generales debería hacerse cargo de las perdidas que se generen por brindar el servicio. Adelantó que su propuesta será elevada la semana que viene al directorio de OSE y también a los legisladores.

En otro orden, Rodríguez informó que estará participando esta tarde en la reunión de OSE –UGD en Maldonado y no descartó que puedan analizarse cambios en la llamada “tarifa 9” que paga la población del departamento.