Despuès de haber llevado adelante varias denuncias pùblicas, la Asociación de la Prensa Uruguaya presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por una negativa oficial a un pedido de acceso a la información, informó hoy el presidente de la agremiación Manuel Méndez.
En un comunicado, la APU explicó que el caso se relaciona con un pedido formulado por el periodista David Rabinovich quien solicitó información sobre el presupuesto municipal en el departamento de San José, 100 kilómetros al noroeste, y le fue negada y luego declarada reservada. Agrega que la justicia en dos ocasiones también negó el derecho del periodista a obtener la información e incluso puso en duda que el organismo interamericano de derechos humanos tenga prevalencia sobre la ley orgánica municipal que permite declarar reservado cualquier información. No hubo reacciones de las autoridades departamentales de San José, ni del gobierno central sobre la denuncia. En un segundo caso, la APU planteó su malestar por una decisión de la jueza de familia Graciela Barcelona de impedir el ingreso de varios periodistas a una audiencia con el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) en la que la magistrada tomó la decisión de ordenar medidas de protección para los niños en situación de calle. Un fiscal había reclamado esas medidas para que el INAU tomara medidas y sacar a esos niños de la calle, que, de acuerdo a informes, suman más de 1.000. No puede haber tema de mayor interés público que la protección de los niños en esa situación, por lo que la decisión de la jueza constituye una violación del principio de publicidad de los juicios, además de atentar contra el derecho de los periodistas a recibir, buscar y difundir información, dijo APU. En un tercer caso, la APU criticó la decisión de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, que negó conceder información sobre gastos de publicidad del organismo. Se trata de una decisión que violenta el principio de máxima divulgación de la información en manos del Estado, dijo la APU. Finalmente, en otro caso, APU manifestó su preocupación por una investigación abierta en el Banco de Previsión Social para conocer el origen de una información publicada por el semanario Brecha que incluyó citar a dos periodistas para que revelaran sus fuentes a lo que se negaron. En repetidas ocasiones, desde el presidente Tabaré Vázquez a ministros o legisladores, han fustigado a la prensa, segùn lo informò Raul Garcès en La Voz.