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“La calidad del agua ha desmejorado día a día, cada vez está peor. Ahora el gobierno ha tomado algunas medidas, medidas tardías”, dijo. Y añadió: “En al área metropolitana hace dos meses que no tenemos agua potable y no se baja la tarifa”. Sánchez recordó que el actual presidente Lacalle Pou, en su momento, reclamó en los medios de Maldonado a OSE que no cobrara la tarifa porque el agua no era potable debido a la existencia de algas; “hoy es presidente de la República y se ha negado rotundamente” a hacerlo para la zona Metropolitana.

En esta materia, el secretario de la intendencia, Luis Eduardo Pereira, comentó días pasados que en el departamento manejaron la intención de instalar una planta desalinizadora, pero no fue instalada porque el gobierno de Tabaré Vázquez argumentó temas políticos. Consultado sobre este tema, el senador indicó que existen dos tipos de situaciones: estructurales y de la gestión de la crisis. “Cuando vos tenés tres años de déficit hídrico, tenés que tomar decisiones y, sino tomás ninguna y tú única decisión es esperar a que llueva, sos responsable absoluto de no gestionar esa crisis”, sostuvo.

Hace un mes, desde la oposición le plantearon al gobierno la exoneración del IVA y el IMESI al agua embotellada; los precios oscilan entre los 110 a 140 pesos. Con respecto a este tema, el senador se refirió a la postura del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, sobre continuar cobrando la tarifa de OSE porque si no la gente va a consumir más agua, “hay que explicarle a Alfie que el agua no se puede tomar (…) ¿qué consumo va a haber si en realidad no se puede consumir?”, se preguntó. El costo de los bidones está “ocasionando un costo muy grande para las familias”, afirmó.

“El gobierno ha tomado un nuevo criterio que es agua bebible, pero no potable”, expresó. Y añadió: “El gobierno no preparó la situación”. Según el legislador, el gobierno tiende poco al diálogo. “Hay que sacar al directorio de OSE y poner un comité de crisis”, afirmó.

El senador del MPP indicó que en el año 2007 se realizó una evaluación de las cañerías de OSE, resultando que el 80% estaban obsoletas. Luego comenzó un recambio de solo el 10% por un valor de 140 millones de dólares. Recambiar todas tiene un costo de mil millones de dólares. La planta potabilizadora de Aguas Corrientes fue hecha a nuevo con una inversión de 55 millones de dólares. Sánchez indicó que el proyecto de la represa de Casupá data del año 70 y que, en el año 2012 el gobierno del Frente Amplio definió su construcción y comenzaron los estudios ambientales, pero no fue construida. “Nosotros asumimos nuestra responsabilidad”, dijo.

En el año 2019, la CAF aprobó el financiamiento para llevarla adelante y quedó para negociar la expropiación con los dueños de los terrenos, “y el gobierno decidió suspender todo, no hacerlo y optó por el proyecto Neptuno que es una iniciativa privada”, manifestó, con un costo de 1500 millones de dólares. Para Sánchez, el gobierno “se cansó de hacer promesas y la realidad le ha devuelto de que no ha podido cumplir con ninguna”.

Para la oposición, el área metropolitana no puede depender únicamente del Río Santa Lucía. Entienden que el proyecto Arazatí permite extraer agua del Río Uruguay. Sánchez considera “un debate muy pequeño”, la discusión de los últimos días sobre la construcción del Antel Arena en vez de la represa de Casupá. “Yo podría decir que con el déficit de la Caja Militar que son 500 millones de dólares por año, hubiese hecho 10 Casupá”, apuntó. Recordó que en el gobierno del Frente Amplio fueron construidas 20 plantas potabilizadoras en el interior del país.











(Foto: El País)