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Pígola señaló que quien marcó una postura diferente a la del resto de los intendentes blancos respecto al plan de “regularización de adeudos” en el tema de las patentes, así lo denominó, fue el jefe comunal de Durazno, Carmelo Vidalín. Dijo que eso causó “sorpresa”, porque es un tema en el que se viene trabajando desde el 19 de octubre e incluso el acuerdo ya estaba firmado por intendentes de los tres partidos, entre ellos el de Canelones, Paysandú, Maldonado, San José y Rivera.

Explicó que, tras “viralizarse” el acuerdo respecto a que este asunto se iba a analizar en febrero, se generaron “expectativas”, especialmente entre aquellos que “menos posibilidades de regularizar tienen”.

El jerarca manifestó que el martes, incluso, el Congreso de Intendentes había acordado una reunión especial para el otro día, para el miércoles, con el fin de tratar este tema.

De todas formas, sostuvo que “la principal disidencia está entre Montevideo y los demás intendentes del Frente Amplio”. Confirmó que esto ha llevado a que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, haya amenazado con retirarse de la presidencia de la comisión SUCIVE. “Esta situación está latente… Esperemos que no sea así”, agregó.

Afirmó que este es un tema de “índole social” y también recordó que, hace un tiempo, el intendente capitalino Daniel Martínez dijo textualmente respecto a este tema: “Tenemos que arrimar un poco más al chico”, en alusión a que había que captar a la gente que no podía pagar “con algo más atractivo para reincorporarla al sistema”.

Pígola aseguró que “esa es la finalidad” y aclaró que “no es un tema de dinero”, aunque es importante, ya que la morosidad en Maldonado en 2016 estaba en el 22%. “Son 270 millones de pesos. Son cifras importantes. Pero la principal franja de morosidad está en el coche que no vale mucho, el del trabajador. De las categorías del 92 al 95 hay un 48%; del 96 al 99, un 37%; del 2000 a 2003, un 29%: y después, del 2012 al 2016, hay un 10%”, detalló. Expresó que eso da la pauta de quién es “el que no puede con la patente… Y sobre todo con las multas y los recargos”.

Consideró que “a Montevideo no le perjudica para nada” reincorporar esta gente al sistema, que de otra manera “no va a resolverlo… Esos autos van a seguir circulando. Y si los salimos a controlar y a sacar, no tenemos dónde ponerlos”, ya que podrían ser unos45 mil autos, estimó.

Por otra parte, indicó que tras esta regularización, “viene una fuerte fiscalización, que hasta ahora no se ha hecho”.

También apuntó que espera que Martínez y Orsi arreglen sus diferencias sobre este sistema en una reunión que se cumpliría este tema. “Es una colcha de retazos… Tratemos al menos de teñirla del mismo color”, añadió. Y afirmó que “si empiezan a pesar las disidencias políticas en los criterios, sin fundamento, este es un sistema que empieza a peligrar”.

Opinó que, para aprobar este plan, no se precisan dos tercios del Congreso de Intendentes, porque “no es un tema tributario… Es un tema de regularización del tributo. No se crea un tributo. Esto con mayoría simple sale”.

Estimó que, en caso que los intendentes frenteamplistas voten en bloque, en contra, y se les sume Vidalín, igual estarían los votos para aprobarlo. “En teoría, serían 12 en 19”, expresó. También dijo que las intendencias que no lo voten “pueden no aplicarlo, porque está dentro de las autonomías” y pasa por la aprobación de la Junta Departamental.