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Esta semana tomo estado público el pago que realizaba de Alcoholes del Uruguay (ALUR) a los cortadores de caña de azúcar de Bella Unión sin hacer aportes al Banco de Previsión Social. Este motivó que el Partido Nacional y el Partido Independiente acordaron ampliar las denuncias ya presentadas sobre ANCAP, sumando este caso.

Mieres dijo que “da mucha pena tener que reiterar, entrando cada vez en un tema distinto, en lo que ha sido un verdadero desastre es la gestión… Pero esta no la teníamos, No teníamos ninguna noticia al respecto. En la investigación parlamentaria no saltó este asunto… Surge de una investigación periodística”.

“Creo que es buena la reacción del actual directorio de ALUR, que reconoce la situación y se presenta ante el BPS para que se regularice, Obviamente, eso implica pagar todo lo que no se pagó en su momento y habrá multas y recargos. Todo eso significará más plata que se gasta por errores y horrores en la gestión”, señaló.

El legislador expresó que “se ha hablado que fue una donación… Está claro que la reiteración de la práctica durante 10 años elimina la idea de que sea una donación, Además, conozco productores de caña de Bella Unión que dicen que, efectivamente, esto nació por un diferendo entre UTAA y la Unión de Productores de Caña. Los trabajadores cañeros reclamaban ganar un aumento mayor y los productores decían que no podían pagarlo y ALUR terminó pagando la diferencia”.

“Esa es la realidad y además es lo que reconoció ALUR ahora. No es donación. Es pago de complemento salarial y se debieron pagar los aportes”, añadió.

“Yo no sé si estos tiene trascendencia delictiva o no, pero nos parece ineludible poner estos nuevos hechos en conocimiento del juzgado que está tramitando las denuncias que presentamos, a efectos de que los tenga en consideración”, subrayó.

“me parece muy grave que una empresa que maneja fondos públicos tenga esta nivel de irregularidad en la toma de decisiones”, apuntó.

Admitió que podría haber un delito de apropiación indebida, aunque aclaró que será la justicia le encargada de tipificar la conducta. “Puede haber un delito de apropiación indebida… Hay un daño al Estado… Hay una evasión fiscal, evidentemente. Y eso podría tener alguna trascendencia penal”, añadió.

“Lo que me parece increíble es que el ministro de Trabajo, que debería ser el primer jerarca del Estado en defender los aportes de los trabajadores, salga a minimizar… Como si cuando se trata de sus ‘amigos’, los integrantes del gobierno, la evasión no es tanta evasión… Lo minimiza porque dice que es poca plata. No importa si es mucha o es poca; lo que importa es la conducta. Pero son unos 7.500 pesos por unos dos mil y pico de trabajadores durante unos 10 años. Lo que se pagó es unos siete millones de dólares y sobre esa cifra podría haber medio millones de dólares de aportes a la seguridad social que no se vertieron en su momento. Tampoco es tan poco. Y están las otras prestaciones sociales, como el FONASA, que se generan por los momentos correspondientes”, expresó.