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Como se había informado, este miércoles comparecieron por separado los ediles que presentaron el recurso y representantes de la IDM ante la Comisión de Constitución, integrada con la de Asuntos Municipales, de la Cámara de Representantes. Graziuso informó que también estuvieron presentes tres diputados por Maldonado.

“Explicamos nuestra posición… E un recurso presentado ante la Cámara de Representantes, interpuesto por once ediles (del Frente Amplio y del Partido Clorado)”, señaló.

Explicó que este solo se puede tramitar ante la Cámara Baja “si la resolución que ellos atacan no puede ser recurrida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en vía administrativa. Lo curioso de esto es que la resolución ha sido recurrida en vía administrativa por el propio Estado, por el propio Ministerio de Economía y Finanzas”.

“ES RECURRIBLE ADMINISTRATIVAMENTE”

Alegó que, por tanto, este asunto no puede ser tratado por el Parlamento porque la Constitución establece que “si es recurrible administrativamente, no puede ir al Parlamento. Nos llama poderosamente la atención que el propio Estado, en dos ámbitos, se está contradiciendo, porque nadie puede ser sometido al mismo juicio dos veces”.

Indicó que, en consecuencia, planteó que “es inadmisible” que el Parlamento siga tratando el recurso, porque “el Ministerio de Economía está recurriendo administravamente la reis lución del intendente”.

Indicó que, como se hizo notar, el edil Juan Silvera, promotor de este asunto, es funcionario de Aduanas, dependiente del Ministerio de Economía, “lo que llama la atención”, que es la dependencia que está recurriendo administrativamente la resolución. Y apuntó que este curul “ha dicho por todos los medios que instó al MEF a que recurriera. Si saben los ediles que se puede recurrir administrativamente, no podían haber interpuesto este recurso”.

“Es un tema forma, pero esencial”, remarcó.

LA CUESTIÓN DE FONDO

En cuando el tema de fondo, la jerarca dijo que “nunca se pidió el expediente…Si se hubiera visto, si se hubiera pedido, no se incurriría en estos errores.

Relató que en 1993 “los propietarios de esas tierras piden permiso de construcción para viviendas unifamiliares”, lo que fue denegado porque se interpretó que la franja costera de 150 metros había sido cedida a la IDM en 1949.

Agregó que el 1995 se bloqueó el pago de la Contribución Inmobiliaria, como medida cautelar, porque esos bienes podían ser de dominio público. Por tanto, se debían iniciar los trámites para que la IDM demostrara que era la propietaria. Los propietarios alegaron que esa interpretación jurídica era equivocada y presentaron más documentación.

Graziuso dijo que, luego, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó que esas tierras había saludo del dominio público en 1810, pero que no se iba a expedir porque denegar permisos de construcción era una competencia municipal.

“A los años, otro propietario pide construir menos viviendas… Estamos hablando de más de siete hectáreas y la construcción de ocho viviendas. Y en el año 2005 se le reconoce y se le da la viabilidad… No el permiso de construcción, sino la viabilidad”, expresó. Dijo que ahí se pueden nuevos informes jurídicos y, “ante la duda, el intendente (Oscar) de los Santos” pide la interpretación del título del año 1949.

Agregó que luego de varios trámites, de los Santos pide una consulta a la Universidad de la República, pero no se sabe por qué la respuesta no consta en el expediente.

COMIENZA EL JUICIO

“Pasaron años. La persona, cansada que no se le conteste si el terreno era público o privado, y con esa medida cautelar que venía desde 1995, inicia un juicio”, destacó.

”En este gobierno, la persona vuelva a hacer la petición y pide que se cumpla la resolución de de Los Santos. Y este gobierno la manda a estudio de la Universidad de la república. Y el escribano Iglesias, que es un investigador y Grado 5 de Derecho Civil, vuelve a decir (…) que el bien es privado… Eso es lo simple y puro de esta historia, que parece compleja pero es verdaderamente simple y transparente”, remarcó.

Aclaró que sobre estos padrones no hay fallos judiciales en primera instancia, por lo que puede interpretarse que hay un error en cuando a los predios, en función de lo que maneja el edil Silvera. Precisó que “el objeto del recurso ante el Parlamento son los padrones 924 a 927 de Eden Rock”.

También señaló “para tranquilidad de la población”, que no se trata de terrenos “en la playa ni que se hayan permitido construcciones”.



foto: prensa Fm Gente