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Garcé opinó que, más allá de las buenas intenciones, es evidente una mala gestión del gobierno en cuanto a la prevención y combate del delito. Ni la reducción de la pobreza y el desempleo ni el presupuesto adjudicado a la seguridad han llevado un descenso de los delitos. Por el contrario, aseguró que “la seguridad ha venido deteriorándose” con delitos cada vez más violentos y organizados.

En su opinión, el respaldo a la policía y la tecnología son factores determinantes para el combate al delito. Entre otros puntos, subrayó que el salario policial debe seguir aumentando y que es necesario trabajar en la vivienda policial para sacar a los efectivos que residen en zonas rojas. También consideró que “hay que ser tan firme en la condena de quien actúa deslealmente como en el apoyo de quien está comprometido” con la fuerza policial.

Garcé aseguró que “nadie ha dicho que el problema se va a solucionar de inmediato” pero sí es posible notar cambios dentro del primer año de aplicación de las medidas que propone el Partido Nacional. “Los cambios son posibles y es responsable prometerlos, algunos desde el inicio, como la formación del personal y el clima de trabajo dentro del ministerio”, dijo. De todos modos, advirtió que la seguridad no se restablecerá en cinco años, “porque lo que se deteriora en diez o quince años no se recupera enseguida”.

También abogó por aplicar las leyes que ya están aprobadas. “Cuando en el estado de Derecho se deja de aplicar la ley, se forman grietas que terminan debilitando la confianza de ciudadano en el sistema. Restablecerla implica aplicar la ley y que cada poder haga lo suyo”, comentó. En su opinión, es necesario aplicar “sanciones ejemplarizantes” para evitar que se convaliden o naturalicen situaciones “inadmisibles” como las agresiones a docentes o el ámbito del fútbol.

“Creo en las buenas intenciones de quienes están en la política, pero cuando hay una elección de medios o un ritmo de cambios que no son los más adecuados, constructivamente decimos que tiene que haber un cambio en política de seguridad”, señaló Garcé.

Opinó, en cambio, que se ha realizado una buena política en materia carcelaria y es necesario continuarla. Sin embargo, cree que las mejoras en materia de infraestructura deben estar acompañadas por políticas que atiendan la situación de los reclusos. “Falta que cuando entra la persona tenga por delante posibilidad de trabajo y de estudio, pero sobre todo de tratamiento por drogas”, graficó.

También llamó a pensar sobre la situación de los menores infractores y ejecutar la separación del SIRPA de la órbita del INAU.