Ya declaró un testigo del grupo de amigos - de ese momento - de los acusados, que propuso más testigos. Además de la causa penal, evalúan la posibilidad de demandar a los padres de los varones, que en ese momento eran menores de edad.
La Fiscalía de Maldonado reabrió la investigación sobre el caso de Milagros Chamorro, la joven que fue víctima de una violación grupal en 2010 y que en el 2024 se suicidó en una mutualista.
Santiago Mirande, abogado de la familia de Milagros, informó a FM GENTE que disponen de tres testigos claves, uno que presenció el hecho y otros dos testigos de los videos y fotos difundidos posteriormente. Uno de ellos ya declaró y de ese testimonio surgieron dos posibles testigos más.
“La violaron y al otro día se fueron a jugar un partido de fútbol y se jactaban de lo que le hicieron a Milagros”, dijo Mirande este lunes en diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE.
“A varias personas presentes le mostraban los videos donde se ve claramente que manipularon a Milagros. Surge plenamente la violación”, añadió.
El abogado señaló que esperan poder llegar a un juicio oral “contra los cinco denunciados por violación” y fue categórico: “En este asunto no hubo prescripción”. “La prescripción implica de fondo que la sociedad perdona delitos (…) Los plazos de prescripción se comienzan a contar a partir de que una víctima está en condiciones de denunciar y Milagros estuvo en condiciones de denunciar en el 2022, por lo que la prescripción sería en el 2032”, indicó.
Mirande también hizo referencia al sistema de comunicación de Fiscalía, al que calificó de “nefasto”. “Fiscalía comunica un archivo de causa por mensaje de texto. Se le comunica (a Milagros) el archivo del peor episodio de su vida por mensaje de texto y a los tres días se quita la vida”, manifestó.
El abogado informó que además de la demanda penal, llevarán a cabo demandas civiles: “Contra los cinco violadores, contra Casmu, contra médicos y funcionarios administrativos, y posiblemente evaluamos la posibilidad de demandar a los padres de los menores que también están obligados a reparar el daño a la familia”.
Asimismo se refirió a la condena social que generó el caso. “Hay un juicio social que a veces es más importante que el judicial … La condena social en estos temas es fundamental. Las cuestiones de perspectiva de género en Uruguay han avanzado mucho, pero resta mucho por hacer”, concluyó.