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El jerarca había dicho a FM Gente este lunes que cada uno de los inspectores de tránsito recibiría 204 mil pesos en promedio para saldar la deuda, generada por el no pago de comisiones por multas aplicadas a partir de una norma del presupuesto quinquenal del gobierno de Oscar de los Santos entre los años 2005 y 2010.

Pero esta cifra no era correcta. En realidad la deuda a cobrar es de $ 408 mil en tres pagos. En primera instancia se pagará un 50%, un segundo pago de 25% a los 6 meses de cobrada la primera cuota y un tercer pago, por un 25%, al año de paga la primera cuota, según pudo saber luego el diario El País.

Con esta nueva información se contactó nuevamente a Pereira. El jerarca municipal, luego de consultar con su oficina, reconoció el error y rectificó la suma a pagar.

Pereira sostuvo que manejó la información brindada inicialmente a partir del pedido de reserva del dinero solicitado por la directora general de Recursos Legales, Adriana Graziuso. Pero explicó que no fue informado que se trataba del 50% de entrega a cuenta de la deuda.

Con estos números, la deuda total con los inspectores será de 1 millón de dólares de los 11 millones solicitados en el juicio iniciado en el año 2012.


EL INFORME OFICIAL


Paralelamente, la IDM informó en su página web que se pagó este lunes a 42 inspectores por juicio iniciado en la administración anterior. El monto de 11 millones de dólares, que había que pagar, fue negociado por el actual gobierno departamental y rondará los 320 mil dólares (50% de lo adeudado) más aportes y el resto pagaderos en dos veces más. 25% el año próximo y el otro 25% antes de terminar el período. Anteriormente cobraban por multa aplicada y no cobrada.

El Director General de Hacienda dijo que se trata de un pago por la “mala praxis” de la pasada administración que pudo haberse evitado. Luis Eduardo Pereira explicó que se trata de una norma que existía en el presupuesto del primer gobierno del Frente Amplio y que consistía en que los inspectores de tránsito cobrarían por multa aplicada, un 25%, independientemente de si la misma era abonada o no a la Intendencia.

El decreto 3810 fue aprobado en el año 2006. Dado que no se cumplió, los inspectores iniciaron juicio por no cobro a la administración. En 2011, teniendo potestad para cambiar esa norma, no se cambió el criterio y por ende se dejó crecer la deuda contraída, lo que arrojó como resultado millonarios juicios perdidos.

La administración de Enrique Antía modificó la norma existente para evitar que siguiera creciendo la deuda y con un criterio racional, dado que no se puede pagar por una comisión por una multa que no se cobra. Hoy en día los inspectores perciben esa comisión, en caso de multa comprobada y abonada.

Pereira sostuvo que lo que existía antes era irracional y por ende se renegoció la deuda a raíz de juicios perdidos con los inspectores y se logró una cifra mucho menor, no obstante se dejarán de hacer cosas previstas para volver a cargar con deudas que dejó la pasada administración.

El jerarca afirmó que este episodio deja varias enseñanzas, por un lado la impericia para redactar las normas que había antes, lo que provocó juicios en contra de la IDM y por ende de todos los vecinos de Maldonado y el recurrente incumplimiento a la hora de pagar. A esto agregó la falta de acción de modificar este artículo que habría que haber cambiado por eran un gol en contra para todo Maldonado.

Los inspectores percibirán en total unos 320 mil dólares a lo que hay que sumarle aportes, lo que eleva la cifra. Este pago corresponde a la primera cuota y las dos restantes serán abonadas un 25% el año próximo y otro 25% antes de finalizar el período.

Pereira señaló que hay que cumplir con el fallo judicial, la ley los amparaba (tal como estaba redactada antes y no como fue modificada por Antía) y los funcionarios estaban en su derecho a cobrar ahora.

Dijo que cosas que se pensaban hacer en beneficio de Maldonado no se podrán hacer porque se caería en desacato si no se paga. “Cuando la justicia se expresa hay que pagar, aunque no nos dejaron el dinero para ello, porque lo jurídico está por encima de lo político siempre, al menos a nuestro criterio” expresó.