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La sesión comenzó a la hora 22.15.

En la media hora previa hubo cuatro exposiciones de ediles. En primer lugar hizo uso de la palabra el edil Daniel de los Santos (FA) que expuso sobre el derecho de los consumidores a conocer la realidad de lo que compran y consumen y puso como ejemplo la aparición, en los últimos meses, del pez pangasius en las góndolas de comercios y restaurantes de Maldonado.

El edil dijo que en otros países, como España, se ha demostrado que los cargamentos de este pescado, importado de Vietnam, están contaminados con distintas sustancias y que en otros países, como EEUU, ya se ha prohibido el ingreso de este producto a los mercados.
Dijo que él ha comprobado que en algunos comercios de Maldonado se hace pasar al panga como lenguado, cuando son muy distintos y también relativizó el verdadero valor nutricional del pescado vietnamita.
El cuerpo de ediles acompañó el pasaje de sus palabras a varios destinos por unanimidad de presentes.

En segundo lugar la edila Nataly Olivera (FA) expuso sobre el tema tránsito en Maldonado, asunto que fue tratado varias veces en la noche del martes. La edila dio cifras y llamó a la reflexión de todo el sistema para encontrar soluciones.

Posteriormente fue el turno del nacionalista Santiago Clavijo que habló sobre la instalación y funcionamiento de la unidad local de seguridad vial del Municipio de Punta del Este, a cargo del funcionario Héctor Díaz. Clavijo expuso la situación en la que ha trabajado esta unidad, con poco personal y poco equipamiento. También advirtió que la Unidad de Tránsito de la IDM quiere retirar durante el invierno los pocos inspectores que han trabajado para el Municipio puntaesteño, afectando los planes que ha desarrollado la Ulosev.

Para finalizar la media hora previa, Douglas Garrido (edil FA) expuso sobre las políticas educativas llevadas adelante por este gobierno. Detalló los modelos educativos que se han aplicado antes del gobierno del FA y también relativizó los resultados y ecos de las pruebas pisa.

En los minutos correspondientes a los partidos políticos en primera instancia habló María Belén Pereira (FA y la más joven de la Junta) hizo un planteo respecto a situaciones que viven estudiantes de secundaria a la hora de rendir exámenes con respecto a la falta de información que existe sobre los distintos planes de enseñanza que conviven actualmente en el sistema liceal. Contó una experiencia propia que vivió cuando pensó que había rendido la última materia del bachillerato y se encontró con la sorpresa de que había otra materia pendiente, de la cual no tenía conocimiento, puesto que hubo un cambio de plan de estudio. Pidió ampliar y difundir mejor la información entre la población liceal.

En representación del partido nacional, Gustavo Patrón llevó nuevamente el tema tránsito al plenario al contar que había sido testigo de picadas en la ciudad de San Carlos y que había procedido a realizar algunas averiguaciones para saber por qué no había inspectores controlando. Al respecto dijo que el cuerpo inspectivo debe funcionar durante las 24 horas y que además, se debe realizar un examen psicotécnico antes de entregar libretas de conducir. El edil pidió que no se reprima solamente sino que se eduque.

Finalmente, por el Partido Colorado, habló Eduardo Elinger, que usó el espacio para adelantar la postura colorada en el tema del expediente del edificio Acquarela. El edil calificó a este emprendimiento inmobiliario como nefasto y dijo que todo el asunto era “una vergüenza” y que “para este grupo inversor las ordenanzas son un chiste”. Habló del rol que debe tener la Junta en la defensa de todos los vecinos y sus intereses y calificó como de “muy liviano” el informe que había remitido la Intendencia a la Junta al remitir el expediente con la anuencia de regularización. En otro momento Elinger dijo que “tendrían que demoler lo que hicieron de más” y habló de que las habitaciones destinadas al personal de servicio de los departamentos no contaban con ventilación, eran poco menos que insalubres y pidió dar cuenta a Sutem (sindicato de trabajadores de empleados de edificios) y a su presidente Cesar Teijon y a la edila Marita Cruz que es vicepresidenta de ese gremio. En varias ocasiones Elinger fustigó el hecho de que se hagan discursos defendiendo los derechos de los trabajadores y ahora que había una situación que iba a afectar a quienes se desempeñen como personal de servicio de esos departamentos, nadie dijera nada.

Llegó luego el momento de las exposiciones y si bien había previstas dos en el orden del día, se realizó solamente la del edil Federico Casaretto sobre tránsito en Maldonado, ya que la edila del FA Beatriz Jaurena, la otra expositora, no se encontraba en sala.
Casaretto mostró distintas fotos, dio cifras, contó casos y dio ejemplos de ciudadanos de Maldonado afectados con secuelas graves producto de accidentes con autos o motos.

En los asuntos entrados se leyó una nota de la comisión de vecinos del barrio La Fortuna y la comisión de medio ambiente de la junta informó que tomó cartas en el asunto del derrame de petróleo ocurrido días atrás y pidió audiencia con Dinama y Ancap. El edil Daniel Rodríguez (FA) es el presidente de esta comisión.

También se declaró de interés departamental la construcción de un complejo deportivo cerrado por parte del Club Ituzaingó de Punta del Este en su predio de Avenida del Mar.
Posterior a estas notas se leyó una nota firmada por los ediles blancos José Hualde y Carlos Stajano pidiendo al plenario la reconsideración del expediente 890/1/08 que tenía que ver con el decreto de regularización de azoteas.

Esto tuvo como consecuencia que el edil Andrés de León (coordinador de bancada del FA) pidiera un cuarto intermedio a las 23.43. Faltando dos minutos para la media noche se intentó retomar la sesión pero el mismo edil volvió a solicitar otro cuarto intermedio que se levantó finalmente a las 0.13. En ese momento se siguió considerando el pedido de Hualde y Stajano con respecto a reconsiderar el expediente pero finalmente se votó en forma negativa. El tema tenía que ver con que según los blancos este decreto de regularización de azoteas posibilitó amparar algunas de las irregularidades acontecidas en el Edificio Acquarela y que había que corregir el decreto para evitar situaciones futuras. El edil José Luis Noguera (FA) fundamentó la negativa de su partido a reconsiderar el tema y posteriormente hablaron Rodrigo Blas, José Hualde (blancos), Hebert Nuñez (FA) y cerró Nino Baez (PN).

Posteriormente el edil Casaretto pidió que se votara la colocación del cuadro de Leandro Gómez en la galería de la Junta Departamental, asunto que se había coordinado con los otros partidos y fue votado por unanimidad de 28 presentes.

Pasados 36 minutos de la medianoche, el edil Andrés de León volvió a pedir un cuarto intermedio antes de ingresar a los asuntos de terceros, en los que el expediente del Edificio Acquarela figuraba primero en el orden del día.
Se pidieron sucesivamente dos cuartos intermedios en total en este asunto y recién pasados diez minutos de la una de la mañana se retomó la sesión.
Según testimonios recogidos por FM Gente entre los ediles, dentro del FA había surgido una discrepancia de último momento (que fue planteada por el edil Jose Luis Noguera) con el informe redactado por la comisión de obras y básicamente con el hecho de aplicar sanciones al o los técnicos arquitectos responsables ante la Intendencia por la obra del Acquarela.

Cuando se retomó la sesión se leyó el informe de comisión firmado por los ediles Rodrigo Blas y Federico Casaretto (PN) y Hebert Nuñez y Liliana Berna (FA). El primero en hacer uso de la palabra para tratar este tema fue Casaretto que insistió en que en este asunto se sentía “estafado” y dijo que hay que encarar urgente modificaciones en las sanciones para estos casos ya que las actuales resultan irrisorias.

A continuación, otro nacionalista, Nino Báez adelantó que no iba a acompañar el informe aconsejando dar anuencia para la regularización puesto que estos inversores “tomaron el pelo y son vivos que se van a llevar 8 millones de dólares de más”.

Posteriormente Víctor Hugo Castro (FA) dijo que “a mí también me encantaría tirar abajo el edificio pero se que no se puede”. Fustigó el hecho de que algunos ediles que participaron en otros períodos en la votación de excepciones ahora tuvieran otros discursos y generó una posterior airada contestación de Casaretto que se sintió aludido por algunos de los puntos mencionados por Castro.

Luego de Castro llegó el turno de la edila de Cabildo Cristina Pérez que dijo que “es espantoso votar esto” y que votaría el informe sólo si se condicionaba la anuencia de la regularización a la aplicación efectiva de las máximas penas posibles para ejemplificar. También dijo que “tendríamos que ponerle una bomba al edificio pero no lo hacemos porque no tenemos agallas porque poder, podemos”.

Rodrigo Blas hizo uso de la palabra después aclarando que el tema se trataba de aplicar la ley o no y que la Junta debía guardar la imagen del departamento. Blas dijo que las opciones eran regularizar o no y que no se le podía culpar al empresario por omisiones de la Intendencia por no controlar bien o de la Junta por no legislar bien. Blas explicó que si no fuera por la irregularidad en las habitaciones de servicio del edificio, el expediente no hubiera vuelto a la Junta porque ningún técnico municipal jamás había advertido los 14 metros de más que tienen algunos de los apartamentos de los pisos más altos. También dijo que el tercero, el comprador del apartamento, no tiene la culpa y no puede quedar de rehén sin la posibilidad de escriturar al no darle la Intendencia el final de obra al edificio si no se votaba la regularización.

En un momento más adelante hubo una propuesta de Casaretto de modificar la redacción del informe condicionando la aprobación de la regularización a las sanciones pero esto no prosperó. Hubo un nuevo cuarto intermedio y finalmente se votó afirmativo por 25 votos en 27 presentes el informe original de la comisión que aconsejaba dar anuencia para la regularización de la obra, aplicar las mayores sanciones posibles a la empresa y a los técnicos responsables de la obra y sugerir al intendente una investigación administrativa en control edilicio de la IDM para ver por qué y como en todo el proceso de construcción no se detectaron los gruesos apartamientos de lo autorizado. Los ediles que no votaron el informe fueron Nino Báez (PN) y Cristina Pérez (FA) de los presentes en sala y los colorados que habían dejado libres sus bancas en el momento de la votación.

El resto de los expedientes del orden del día, todos también de obras e informados favorables en su totalidad, fueron votados en conjunto de forma afirmativa.
La sesión terminó pasadas las dos y media de la mañana.