El licenciado Ignacio Ballabio, del Club de Tiro de Punta del Este, anunció a FM Gente que está en desacuerdo con la reglamentación de la ley que regula la tenencia de armas. También adelantó se interpondrá un recuso de revocación contra este decreto emitido por el gobierno.
La semana pasada el Poder Ejecutivo reglamentó la ley 19.247 sobre tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
El texto legal indica que para adquirir o poseer ese tipo de elementos se deberá contar con el título correspondiente, además detalla prohibiciones y autorizaciones específicas para el Estado, civiles, fabricantes y comerciantes.
Ballabio sostuvo que “para todos los tenedores legales de armas, armerías, importadores, coleccionistas y para todo el público en general esa ley era necesaria“.
Destacó que la mayoría de los problemas que ocurren con las armas los protagonizan “personas que no son tenedores legales de armas”.
Destacó que, con la reglamentación, se modificaron los “requisitos” para el porte de armas.
Explicó que esta la ley sancionó con más gravedad al tenedor ilegal de armas, porque tipifica el hecho como un delito. Pero apuntó que está en “desacuerdo” porque, según la reglamentación, “pasamos s ser todos delincuentes. Se hizo de tal manera que, por ejemplo, una persona que tenía una escopeta con más de cuatro cartuchos, ahora es un arma ilegal, Y por tanto la tiene que entregar al Servicio de Material y Armamento para su destrucción. Y como este caso, hay miles”, señaló.
Por tanto, adelantó que “se va a interponer un recurso de revocación contra el decreto del 5 de diciembre”, que reglamentó la norma.
Destacó que el decreto “se violan varios principios, Y uno es el de la racionalidad. Pide que todas las armas vayan a la oficina de balística del Ministerio del Interior para hacer una prueba. Hay 620 mil armas registradas… Tendrían que ir 970 armas por día durante tres años, cinco días a la semana. Entonces, que esté todo en regla en doce meses, que es lo que se pide, es imposible. No se cumple con el principio de aplicabilidad y racionalidad de la norma”.
Y que se estima que hay “otras 620 mil ilegales”, apuntó. “O sea que tendrían que controlar el doble”, afirmó.