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El sindicato policial rechazó "rotundamente” esta opción que la intendencia de Maldonado está evaluando para mejorar la fiscalización del tránsito departamental mientras el parlamento aprueba la Policía Nacional de Tránsito.

Si bien aceptó que los gobiernos municipales –entro otros organismos públicos- están habilitados por ley desde 1957 a contratar los servicios especiales que requieran de las jefaturas de policía, Pereira enfatizó que este mecanismo fue sustituido, con los años, por el servicio 222.

Remarcó, asimismo, que la eventualidad implica “una total falta de protección al trabajador policial” porque no cumple con la legislación laboral. “Continuar con una modalidad del año 1957 es retroceder en materia laboral”, opinó.

El dirigente también cuestionó la eficacia de este sistema, apelando a un informe de la Auditoría Interna de la Nación sobre personal de la Jefatura de Policía de Montevideo contratado por el BROU, entre 2011 y 2013.

Por otra parte, Pereira lamentó que la policía tenga que abocarse a “cuidar” inspectores que no cumplen con su trabajo. “Si a un inspector le pegan, es porque no está capacitado y además tiene derechos, que haga la denuncia penal y cumpla su trabajo”, lanzó.

Además, consideró que se derrocha dinero: “no se puede pagar dos veces por el mismo trabajo, no se puede pagar a un policía para que cuide a un inspector que tiene que controlar y cumplir su trabajo, porque ese policía podría estar abocado a la seguridad pública”, insistió.

En su opinión, el gobierno departamental debe esperar a que el parlamento apruebe la nueva ley orgánica policial –que tiene media sanción en Diputados-, donde se crea la dirección de Policía Nacional de Tránsito. Entonces, opinó que se potenciará y equipará a los nuevos policías “para que se aboquen a solucionar el problema de tránsito por falta de carácter y actitud a los trabajadores”.


Escuche parte de la entrevista con Pereira: