el entrevero, josé ignacio
Interés General 15:02

Se remató El Entrevero por un poco más de 10 millones de dólares

El remate judicial, autorizado por la Junta Nacional de Drogas (JND) y administrado por la Asociación Nacional de Rematadores, se llevó a cabo este miércoles en el hotel Jeans Clevers de Punta del Este. El remate tenía una base de US$ 3,5 millones.

El bien fue subastado por US$ 10.800.000, luego de ser decomisado en el marco de la investigación por lavado de activos conocida como “Ruta del dinero K”. Fue adquirido por Consultatio Investments, cuyo principal accionista es el empresario argentino Eduardo Constantini, para llevar adelante un desarrollo inmobiliario. Constantini desarrolló en los 90 Nordelta pero también es propietario de Malba, el Museo Latinoamericano de Buenos Aires. Tiene su residencia en José Ignacio. También esta asociado al proyecto el famosos polista argentino Adolfo Cambiaso.

El rematador dijo en rueda de prensa que el comprador ahora deberá señar el campo y tiene 30 días de plazo para pagar el saldo y escriturar. Además añadió que la ocupación del inmueble será inmediata.

Consultado al respecto, el rematador dijo que hubo oferentes de Argentina, Brasil y Uruguay. Hubo decenas de personas que se acreditaron de manera previa presentando una garantía de US$ 20.000 para poder participar de la subasta.

“El Entrevero” fue decomisado por disposición del Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2° turno de Montevideo, a favor de la Junta Nacional de Drogas.

Tiene 145 hectáreas y está ubicado en José Ignacio, entre San Vicente y Edén Rock. Era propiedad de un ciudadano polaco que falleció y a partir de ahí la propiedad estuvo vinculada a una compleja trama de lavado de activos.

La operación involucró a la expresidenta Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a su contador, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, quien adquirió el campo en agosto de 2011 por 14 millones de dólares a través de una sociedad anónima.

En agosto de este año Báez fue condenado a cuatro años y seis meses de penitenciaría por la compra de este campo, pena que se sumó a los 10 años que ya tenía en el 2020 por otras maniobras de lavado de activos.

La investigación implicó a varias personas que actuaban como intermediarias en la adquisición y administración de bienes, como sucedió con “El Entrevero”.

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