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En el marco de un convenio entre el Centro de Estudios Fiscales (CEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se realizó un trabajo con el “objetivo” de “diseñar un nuevo indicador que permita la fijación de los valores catastrales de los inmuebles rurales de forma más ajustada a la realidad actual, mejorando la calidad de la información de base de aplicación en la tributación sobre inmuebles rurales”.

“Sobre esta base se espera contribuir a homogeneizar los criterios de determinación de los valores catastrales del conjunto de los inmuebles, en términos de equidad, armonización y actualización de las técnicas que se aplican”, indicaron Bibiana Lanzilotta y Edison Rosas, autores de “Estimaciones del valor de los predios rurales y sus determinantes”.

El estudio calcula “los índices que configurarían los nuevos valores reales” que a su vez “constituiría la base imponible para la tributación, en lugar del actual valor real de los padrones”. En el trabajo “se realizaron ejercicios de cambios potenciales en la base contributiva para la contribución inmobiliaria rural”, se indica.

SUBA EN MALDONADO Y BAJA CANELONES

“Estos ejercicios mostraron que la aplicación del nuevo indicador modificaría sustancialmente la base imponible para algunos departamentos. Los casos más paradigmáticos son los de Maldonado y Canelones (con signo inverso), pero también afectan a Tacuarembó, Rivera y Colonia”, añade.

Por ejemplo, el valor de los predios rurales para determinar la contribución en Maldonado aumentaría 101,3% y el de Canelones bajaría 55,8%. Los otros que tendrían mayores subas en la base imponible serían Rivera (+15,1%), Rocha (+15%), Tacuarembó (+8%) y Artigas (+7,1%). En cambio, los que más bajarían tras Canelones, son San José (-31,6%), Salto (-22,2%) y Colonia (-13,6%).

“Estos cambios estarían fuertemente relacionados con la incorporación de los nuevos usos productivos (agricultura, forestación y turismo) y de otros criterios, como la distancia y la disponibilidad de infraestructura y de polos logísticos”, explica el trabajo.

Como la “contribución inmobiliaria rural se estima a nivel de explotación y no de padrón (ya que constituye un impuesto sobre la propiedad)” y para el estudio no se contó con información “respecto a la titularidad de cada explotación”, los autores no pudieron hacer “ejercicios sobre potenciales cambios de la recaudación por concepto de contribución rural” ni pudieron evaluar “entre titulares de explotación, quiénes son los potenciales perdedores o ganadores de un eventual cambio en los predios”, se afirma en el estudio del CEF.

Actualmente para estimar el valor de los inmuebles rurales se utiliza un “criterio o algoritmo” que surge “a mediados de los años sesenta y considera como casi único factor explicativo” el “índice de suelos Coneat que refleja la productividad de estos solamente con base en su capacidad de producir carne o lana”, recordaron los responsables del trabajo.

ACTUALIZACIÓN DEL CÁLCULO DE VALOR

Por eso, el estudio “actualiza el criterio de cálculo de valor, incorporando variables como la productividad agrícola, la incidencia de la forestación y la producción minera, el desarrollo turístico y los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos departamentales, las políticas estatales de conservación, así como el acceso a vías de comunicación en la determinación de dichos valores”.

El trabajo aclara que “aunque el índice de productividad Coneat sigue teniendo una contribución relevante dentro del nuevo índice, comparte su importancia con otros indicadores de capacidad productiva referidos a otros usos productivos”. Entre ellos, se identificaron a “la forestación, el turismo, así como otros usos agropecuarios, como la lechería”.

Además, se tiene en cuenta “la importancia de la presencia de infraestructura pública en torno a los predios y la disponibilidad de electricidad” y “uno de los cambios más notorios es la menor significación de la distancia a los centros poblados, y la mayor relevancia de la distancia a centros logísticos”, explican los autores.


Fuente: El País.