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En esta zona, las fiscalías están saturadas de trabajó, subrayó y habrá que se les destinen más recursos en la Rendición de Cuentas.

Braga recordó que en el artículo 48 del nuevo CPP se puso “especial foco en lo que son las víctimas del delito”, que deberían “recibir trato digno, igualitario, participar del proceso penal, contar con la asistencia de un abogado, recibir atención psicológica, social, médica y acceder a servicios de apoyo a víctimas”. Sin embargo, la Fiscalía local “se encuentra en situación de desbordamiento”, señaló, y dado que a la Fiscalía General de la Nación “se le aumentó el presupuesto”, consideró “importante que el fiscal Juan Gómez, el fiscal de la nación, nos comunicara, nos contara, qué es lo que va a hacer para Maldonado”

Según dijo, existe un sistema nacional de atención y protección a las víctimas y testigos de los delitos, que debería “instalar una política pública integral sistémica que garantice los derechos de víctimas y testigos de delitos violentos. Generar mecanismos de atención integral y territorial a las víctimas de delitos violentos. Fortalecer y generar mecanismos y medidas de protección a las víctimas y testigos de delitos violentos. Fortalecer, mejorar y adecuar las prestaciones y servicios de diversos sectores a las necesidades y daños generados por los delitos violentos y diseñar, implementar y evaluar un plan de sensibilización y capacitación sobre el impacto de los delitos en las víctimas y testigos, sus familias y comunidades y las necesidades y derechos”, indicó.

El CPP también establece que “se debe brindar un espacio seguro, accesible y en especial generar confianza, credibilidad y seguridad” a las víctimas y que “se deberá informar en lenguaje claro y sencillo sobre quiénes son los que están presentes, qué roles (…) qué se hará con la información que se está brindando y los posibles escenarios de lo que sucederá en el futuro”.

La edila señaló que “la realidad es que Maldonado necesita más defensores de víctimas, Maldonado necesita más fiscales, necesita más adjuntos y esto es algo que en definitiva nos beneficia a todos. Entonces, sería muy buena cosa que Gómez nos contara qué es lo que va a hacer para colaborar con la Justicia en Maldonado”, insistió.

“En este sistema, que rige a partir del nuevo Código del Proceso Penal, se debería haber creado un Comité de Evaluación de Riesgo. La realidad es que aquí no funcionan equipos multidisciplinarios, quizás sea por falta de recursos y por eso vuelvo a lo mismo: sabemos que en esta Rendición se aumentaron los recursos económicos para Fiscalía y queremos saber cuánto nos va a tocar, porque, en definitiva, Maldonado, por medio del turismo, ayuda, y mucho, a lo que es Rentas Generales. Una de las cosas que nosotros solemos promocionar es la seguridad, que es una pata muy importante para el departamento, y el Gobierno departamental colabora, por ejemplo, con lo que es el Centro de Monitoreo, entonces, queremos que la otra pata, que es la Justicia, acompañe en ese mismo sentido”, añadió.

La edila solicitó que sus palabras fueran enviadas “a la Fiscalía General, a la Fiscalía Departamental, a la Defensoría Pública y a la Dirección Nacional de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, con la intención de que se pueda crear y funcionar efectivamente con todos los requisitos que se establecen en los instructivos y en la Ley, en el Código del Proceso, para que Maldonado pueda funcionar correctamente”.