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Salazar explicó en FM Gente que la tarea es “muy difícil y engorrosa”, por lo cual el 8 de octubre de 2012 la Junta Departamental designó un edil y su suplente por bancada para integrar una comisión de seguimiento. A esto sumó que cada tomo elaborado contó con la participación de escribanos, abogados y funcionarios administrativos del Legislativo, más los de la IDM y la consultora contratada.

Remarcó que en la primera reunión de esa comisión se acordaron los mecanismos de trabajo, se creó una cuenta electrónica especial para facilitar la comunicación interna y se abrieron los encuentros a los miembros de la Comisión de Legislación.

Salazar sostuvo que en casi todas las reuniones estuvo el edil nacionalista Diego Silveira, suplente del titular Diego Echeverría. “Se hicieron observaciones a cada tomo, se corrigieron, además hubo sala de abogados. Se tuvo reunión con técnicos de áreas, (control edilicio, higiene, etcétera) para saber qué normas se aplican y cuáles no aunque estén vigentes”, enfatizó.

Explicó que el primer tomo, ya publicado, versa sobre “cuestiones genéricas”: la Constitución y leyes. “Discutimos mucho qué poníamos y seleccionamos aquellas de estricto vínculo e incidencia en la normativa departamental. (…) Tuvimos en cuenta, además, ponerlo de forma amigable para la búsqueda. No es un digesto para abogados, sino para facilitar el acceso y el entendimiento a cualquier persona”, remarcó.

Por eso entiende que las observaciones del doctor Daniel Martins responden a criterios del autor. Para Salazar, éste subraya como errores aspectos que, en realidad, no fueron tenidos en cuenta en el criterio elegido por quienes elaboraron el digesto

“Primero vimos que Martins tiene errores al citar números de algunas leyes y luego vimos que mucho de lo que menciona son cuestiones de criterio. Nosotros utilizamos un criterio adoptado con un integrante del Partido Nacional”, más otros representantes de la Junta y la IDM, “en muchas reuniones de trabajo”, sostuvo.

La jerarca admitió que en el primer tomo no se incorporó la ley de descentralización política porque ésta surgió hace un mes y todavía no se incorporó. Añadió que la Unidad de Actualización Normativa (UAN) está a cargo de esa tarea y advirtió que el ingreso de una normativa al digesto es cuidadosamente analizado.

“Es una pena que no se hablen entre ellos porque podía haberle preguntado al edil del PN como trabajó, con escribanos y abogados de la Junta”, fustigó Salazar, en respuesta a las consideraciones de Unión y Cambio. No obstante, insistió en que la UAN sigue revisando el trabajo realizado y no se descartan los aportes de nadie.

También sostuvo que la empresa se contrató “por llamado público” y se eligió a la mejor de las dos que se presentaron. Afirmó que durante la elaboración de cada tomo, la empresa tenía contacto tanto con la Junta como con los funcionarios de las áreas competentes de la IDM.

“Recopilar, analizar qué se derogó y qué no, fue muy engorroso”, enfatizó Salazar. Se leyeron más de 20.000 resoluciones en las que se detectaron malas prácticas administrativas que complejizaron aún más la tarea. “Esto también sirvió para empezar a hacer las cosas más prolijamente”, señaló la directora.

En la noche de este martes, el edil Alejandro Lussich dijo que el reporte de Martins revelaba la existencia de al menos 60 errores en la recopilación del primer tomo.También afirmó, basado en un dictamen del TCA, que la contratación de la consultora para elaborar el digesto fue "irregular". (ver nota aparte)


Escuche las declaraciones de Salazar: