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Los nuevos centros se enmarcan en la modalidad de “pequeños hogares”, similares a una familia. “Cambiar el contexto del cuidado cambia las características en las respuestas de los jóvenes”, observó Barboza. Dijo que estos dispositivos “de protección” cuentan, además, con técnicos externos que van apoyando a los funcionarios a cargo de cada hogar. “Ahí se acuestan ocho y se levantan ocho”, comentó el director, respecto a la estabilidad que se logra en cada centro.

En cambio, dijo que en el hogar tradicional donde conviven adolescentes (Amanecer), un día hay 14 chiquilines y otro día 18. “Cada uno trae una problemática y cada vez que internan a un gurí hay un tiempo, una presión y una intimación que hace que uno deba enfocarse en eso aunque el problema es afuera, en la realidad cotidiana de la persona”, observó el jerarca.

Enseguida afirmó que ese modelo se está sosteniendo en Maldonado porque “hay un equipazo de gente y porque las autoridades estamos hasta las 12 de la noche en esos lugares. Pero eso no se sostiene más, no queremos seguir sosteniéndolo y no se puede dar la espalda de los chicos. Hay que crear nuevas unidades y nuevas modalidades”, enfatizó. Agregó que Maldonado tiene que admitir "que no puede solo" con esa realidad y reclamar apoyo con recursos al gobierno central.

En ese sentido, recordó que hace un mes se abrió un “pequeño” hogar de acogimiento para algunos adolescentes derivados del hogar Amanecer, y otro para bebés y niños de cero a tres años de edad. “Los gurises tienen derecho a otra cosa y los trabajadores también tienen derecho a cuidarlos de otra manera”, sostuvo.

JUSTICIA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

Salsamendi, en tanto, dijo que el 99% de los niños y adolescentes que llegan a los hogares permantentes del INAU lo hacen por derivaciones judiciales vinculadas en su “absoluta mayoría a situaciones de violencia, abuso y maltrato” domiciliario.
A esta situación sumó “una inmensa cantidad de casos de explotación sexual” que está saltando no porque haya más casos sino por el esfuerzo gubernamental para que sean visualizados como un delito por la población.

“Es falso, absolutamente falso, que esto antes no ocurría. Las cosas ocurrían pero no se visualizaban o se veían como naturales. El problema era de la gurisa de 14, 15, 16 o 17 años, que hacía eso porque le gusta hasta porque es el modo de vida que encontró. A partir de un determinado momento existió la voluntad política de investigar, reprimir e intentar atender esas situaciones aunque en esto último nos falta mucho”, remarcó Salsamendi.

Reconoció que en el debe gubernamental se encuentra la instalación de dispositivos para sacar a las víctimas de su entorno y restituir sus derechos. “Hay dispositivos móviles pero no la posibilidad de retirar de ese lugar a la víctima y sumarla a un programa de restitución de sus derechos. Abrimos una caja de Pandora que seguirá abriéndose pero como Estado falta bastante”, admitió.

(producción: Princesa Arévalo)