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Según publica este domingo el matutino El País, la operación "Campanita", fue el más grande de los procedimientos realizados contra el narcotráfico hasta 2006. Se incautaron 350 kilos de cocaína, vehículos, armas, dinero y propiedades, entre ellas un laboratorio en Parque Batlle. Hubo decenas de detenidos y unos 30 procesados, entre ellos el abogado Carlos Curbelo Tamaro.

La lujosa torre Tamaro en Punta del Este fue embargada a pedido del entonces fiscal Diego Pérez por la anterior titular del referido juzgado, la magistrada Adriana de los Santos, hoy al frente de uno de los dos juzgados anticorrupción.

Pérez solicitó a De los Santos que trabara embargo sobre este complejo edilicio por la presunta vinculación que tenía el inversor con la banda de narcotraficantes.

Pérez fundamentó su pedido a partir del testimonio brindado por uno de los narcos, quien al ser interrogado en sede judicial dudó del origen de los fondos manejados por el inversor.

Empero, los abogados del inversor argentino demostraron que su cliente no tenía vinculación alguna con los narcos.

Por lo tanto, la jueza Mainard dispuso el levantamiento del embargo de la misma forma que ocurrirá con otros edificios y apartamentos embargados a partir del testimonio de los narcotraficantes.

Fuentes judiciales explicaron que las medidas cautelares caducaban el 23 de diciembre y la ley dice que si en dos años el Ministerio Público no pide procesamiento, las medidas caducan.

El fiscal contestó semanas atrás que no iba a pedir ningún procesamiento en la causa por lo que la jueza Maynard levantó los embargos porque los adquirientes, tanto el argentino propietario de la torre Tamaro como decenas de dueños de las unidades lo hicieron de buena fe. "No se puede perjudicar a terceros de buena fe", se explicó a El País.


La jueza dispuso el levantamiento genérico del embargo sobre la sociedad anónima y la torre Tamaro. "No se pidieron procesamientos porque no fue posible probar que el dinero invertido en dicha torre por el empresario argentino fuera producto de actividades destinadas a lavar dinero", se explicó.

La situación deja expuesto al Estado a demandas millonarias por daños y perjuicios ya que no se encontró prueba que justificara el embargo durante dos años de al menos una la sociedad anónima y decenas de inmuebles.

El fiscal Gilberto Rodríguez dijo a El País que había embargos mal trabados por lo que hay varias solicitudes para levantar medidas cautelares que siguen a estudio. Otra torre que podría seguir el mismo camino que la Tamaro es la que integra un complejo denominado Parque Sábato en Pocitos.

El empresario argentino adquirió el edificio Tamaro a partir del negocio que le presentó la empresaria inmobiliaria A.C, conocida también por ser la informante que permitió detener a la banda de narcotraficantes.

La empresaria A.C., siendo testigo protegida del entonces juez Federico Álvarez Petraglia, luego fue procesada por quedarse con dinero de sus clientes a quienes le había alquilado sus propiedades en Punta del Este.

A.C., le pidió al empresario argentino un préstamo de 170 mil dólares para poder adquirir el entonces esqueleto del fracasado proyecto cooperativo COVIFUNCA 2 de los años setenta. Esta iniciativa cooperativa fue llevada adelante por los funcionarios del casino Nogaró de Punta del Este quienes, en el mismo predio habían construido otro similar, el entonces Covifunca 1, hoy Torre Malvinas.

El esqueleto pasó a la órbita del Banco Hipotecario del Uruguay por las deudas impagas. El esqueleto del complejo quedó a la intemperie durante décadas hasta que fue comprado por un grupo de inversores agrupados entorno a la empresaria A.C.

El préstamo fue garantizado con una hipoteca a favor del empresario. A.C. no pagó ni las cuotas, ni el capital, ni el interés por lo que planteó al empresario que se quedara con el edificio mediante la entrega de una suma de dinero, a lo que el inversor accedió.



Fuente: Diario El País (parte extraída de su crónica)