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Explicó que la fianza que le pidió el fiscal a sus abogados “es millonaria. Se habla de 6 millones de dólares al ‘blue’, o sea a 120 pesos por dólar, lo cual da una cifra impactante”.

Gasulla agregó que “Lázaro Báez tiene todos sus bienes embargados. No puede disponer de esa plata. Si dispusiera, estaría cometiendo un ilícito. Y debe recurrir a la plata “negra”, que no reconoce tener… Por lo tanto está en un serio inconveniente”, resaltó.

“Seguramente sus abogados pedirán un seguro de caución, que significarla conseguir 30 millones ‘cash’. Es menos plata, porque se habla de 10 veces más de ese dinero. Pero también hay que ver qué empresario, qué amigo se anima a poner ‘el gancho’”, advirtió.

“Y por otro lado hay una manifestación muy importante de los vecinos en el country al que se mudaría, en las afueras de Buenos Aires, en el Pilar” en contra de su radicación en el lugar, ya que debe 800 mil pesos de expensas.

Asimismo, “se debate internamente, en su círculo íntimo, si debe salir y dejar a su hijo mayor en prisión, que está preso por su culpa, para arrancar una vida nueva con su nueva confidente y su familia”, agregó.

“Así que, hoy por hoy, veo difícil que Báez cumpla una prisión domiciliaria”, subrayó.

También dijo que no cree que las causas, incluyendo la de la compra de “El Entrevero”, se caigan. “Cuando termine la cuarentena va a ser condenado. Las pruebas que hay por el manejo espurio de los fondos públicos que recibía Lázaro Báez, son evidentes”, afirmó.

Recordó que hay dos causas que lo llevaron a la cárcel. Una tiene que ver con Uruguay, “con la compra de ‘El Entrevero’… Él tiene prisión domiciliaria por esa causa. No puede recuperar la libertad por esa causa y posiblemente va a ser condenado porque los testimonios son abrumadores”, señaló.

“Y la otra es la ‘Ruta del dinero k’, que son el giro de más de 60 millones de dólares a cuantas en el exterior que terminaron en Suiza en la época que en Argentina existía el ‘cepo cambiario’… Nadie podía disponer de dólares”, pero él lo pudo hacer, lo que fue interpretado en su momento por Cristina Fernández como “un ataque a su patrimonio”, recordó.