La Fiscalía, a través de su vocero Javier Benech, informó en el mediodía de este martes que archivó la denuncia por abuso de funciones que habían radicado los dueños de cuatro casas ubicadas sobre la playa de Punta Colorada, en la zona Oeste del departamento, en contra del intendente Enrique Antía que pretendía la demolición de las mismas. También comprendía la denuncia a la Dra. Adriana Graciuzo, directora de Asuntos Legales.
La Fiscalía Departamental de Maldonado de 3° turno, a cargo de la fiscal Fabiana Corbo, solicitó el archivo de una denuncia realizada contra el intendente de Maldonado.
Realizada la investigación, la fiscal determinó que "la conducta desplegada por la Sra. Directora General de Jurídica, así como la del Sr. Intendente de Maldonado, en cuanto al procedimiento seguido para ejecutar en la vía administrativa la orden de demolición de los inmuebles (...) de Punta Colorada, fue legítima y ajustada a derecho". "No se trata de acto arbitrario y no fue dictado en abuso del cargo", agrega Corbo en la solicitud.
Además, la fiscal plantea que "tampoco se verifica el elemento subjetivo, en tanto la Intendencia tenía como finalidad generar un espacio de utilidad pública, sobre un predio que prima facie, y sin perjuicio de ser competencia exclusiva de la justicia civil expedirse al respecto, aparece como claramente de dominio público por su lugar de emplazamiento".
Sobre este caso el intendente de Maldonado, Enrique Antía, declaró el lunes 11 de diciembre pasado ante la Justicia por esta denuncia.
También lo hizo en aquel día la directora general de Asuntos Legales, Adriana Graziuso. Antía concurrió en aquel entonces por el abogado penalista Jorge Barrera, quien al salir de la audiencia dijo que "no hay otro camino que el archivo de las actuaciones". Lo que solicitó la fiscal en las últimas horas.
Cabe agregar que luego de la denuncia se registró un fallo de la justicia a favor de la intendencia de Maldonado, que desestimó una acción de amparo presentada por los propietarios de las viviendas. También el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló a favor de la Intendencia de Maldonado y no hizo lugar a la solicitud de suspensión de la demolición de las casas.