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Álvaro Alfonso dialogó con FM GENTE, sobre su libro “Computadora: La Caída de la Red Clandestina del PCU” y explicó que el término “Computadora” refiere a una operación de inteligencia llevada adelante por el FUSNA (Cuerpo de Fusileros Navales) hacia fines del año 1977 y que se extendió hasta 1979.

“La operación se basó en dos miembros del Partido Comunista del aparto armado; uno muy joven que dio su testimonio con nombre y apellido y mencionó a toda la operación y el otro fue Roberto Patrone que tenía un cargo más importante dentro de la estructura”.

Asimismo, aseguró que dicha operación generó la caída de toda la red clandestina del Partido Comunista, y lo más importante, la detención de León Lev quien en ese momento se desempeñaba como Secretario General del Partido Comunista en la clandestinidad.

Por otra parte, en su libro Alfonso realiza una analogía entre la caída de la red comunista en Uruguay y la caída del muro de Berlín en Alemania debido a que los informantes que llevaron al derrumbe del Partido Comunista fueron los propios integrantes del partido que eran detenidos.

En otro capítulo de su libro el escritor narra el intento de crear un sindicato que no tuviera “nada que ver con lo que es el PIT-CNT hoy” y la incidencia del grupo Soler y la Asociación de Bancos para hacer fracasar la posibilidad de que “el sindicato no tuviera en juego ni un gobierno ni un partido”.

“AEBU (Asociación de Bancarios del Uruguay) fue el único sindicato que no tocaron en la dictadura. En otros lugares se llevaron hasta las sillas y las lapiceras”.

En relación a los archivos reservados relacionados a la dictadura Alfonso aseguró que la liberación de los mismos “daría vuelta el relato” debido a las responsabilidades de situaciones que sucedieron en Uruguay y aún son desconocidas.

“Hay una ley votada para liberar los archivos de la dictadura; envié un correo hace más de un mes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y no he recibido respuestas. Presentamos un pedido de información pública para saber por qué no se pueden liberar reservas que no tiene sentido”.

En esa misma línea, remarcó que están reservadas las escuchas a Héctor Gutiérrez Ruiz en los años 1970 y 1971, mientras que el país aún se encontraba en democracia pero que sin embargo mantuvieron “abiertas” otras cosas que tenían el mismo contenido que las escuchas, situación que calificó como un “sin sentido”.

Con respecto a las reparaciones pecuniarias a las víctimas de hechos cometidos en la dictadura, establecidas en las leyes 18.033 y 18.310 afirmó que para el final de este gobierno el Estado uruguayo habrá pagado 1300 millones de dólares en dichas reparaciones.

Según los datos recabados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los que pudo acceder Alfonso, a través de la ley 18.033 se presentaron 11.169 peticiones de amparo.

“7.111 fueron aprobadas por la Comisión Especial y 3.234 fueron denegadas. Esta ley lleva 18 años y hay todavía 36 expedientes en trámites para cobrar”.