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Chiribao dijo que el Consejo de las Facultad de Derecho se reunió ya dos veces “para tratar un pedido de información de la Intendencia de Maldonado sobre un proceso de una contratación”.

Indicó que la IDM solicitó al decano, y por su intermedio al Consejo, “que se trasladara una consulta jurídica a Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho. Eso fue lo que estuvimos discutiendo estas dos semanas”, para determinar si se hacía o no el traslado solicitado.

Dijo que la semana pasada el Consejo quedó sin quórum porque los sectores que se oponían al pasaje al Instituto de Derecho Administrativo “se retiraron de sala”.

“Y ayer jueves, después de una interesante discusión, el resultado salió 6 a 6. Cuando hay empate, la resolución se considera negativa y por tanto el tema quedó bloqueado. Y en las próximas horas el decano comunicará a la Intendencia que no va a ser posible que esa consulta sea evacuada”, explicó.

Señaló que la postura en contra fue llevada adelante por los egresados de FREZELMI, “a la cual pertenece uno de los contratantes con la Intendencia de Maldonado”.

“Básicamente, ellos decían que la Universidad no debe tomar partido en una discusión que consideraban que era político-partidaria, que habría prácticamente una persecución del Partido Nacional al Frente Amplio en Maldonado”, sostuvo. También manejaron, en base a una resolución del Decanato de 2006, que no se debía intervenir en el caso de que hubiera procedimientos disciplinarios administra ovos o judiciales.

Dijo que esta postura fue sustentada por FREZELMI estudiantes, egresados y tres docentes que integran diferentes listas de la Facultad.

“Nosotros entendíamos, con el decano Gonzalo Uriarte, que al tratarse de una tema tan delicado, que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos y el deinero de la gente, hay que tener sumo cuidado. Y que la Universidad tiene que participar en ese tipo de discusiones y devolverle en servicios lo que la gente paga para manteneros a nosotros como estudiantes, como profesionales”.

Manifestó que el tema podría reconsiderarse, pero señaló que las posturas estuvieron muy firmes, por lo que prácticamente descartó esa eventualidad.

Chiribao consideró que el Instituto de Derecho Administrativo daba garantías a todas las partes y hubiera evitado “que quedara, como quedó, desgraciadamente, un manto de sospecha sobre esa contratación”. También relató que alguno de los consejeros que votó en contra del pasaje de este asunto al Instituto dijo que “le quedaban serias dudas sobre la transparencia de ese contrato”.

También recordó que ya hubo una consulta al Instituto de Derecho Constitucional sobre la construcción del Antel Arena y el resultado se exhibió públicamente. Se pregunto por qué, si ahí se podía, ahora no. Alguien dijo: cuando los piden unos se puede y cuando lo piden otros no se puede… Quedó esa duda y esa sospeche de por qué en un caso se podía y en otro no”, enfatizó.

El diario El Observador recordó esta semana que durante el segundo período de de los Santos (2010-2015), el gobierno digitalizó del Digesto Municipal, con lo que se unificó toda la normativa que rige en el departamento. Esa tarea estuvo a cargo de la empresa HIC Consultores, firma que en ese momento era representada por el abogado Juan Pablo Pío, actual asesor jurídico de la Presidencia de la República.

Esa contratación fue en su momento objetada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y ahora, tanto ediles nacionalistas como directores de la administración de Antía, pusieron el ojo en el tema. En 2013, el TCR objetó la adjudicación a HIC Consultores (que fue de US$ 150 mil) porque concluyó que la comuna "debió recurrir a un procedimiento competitivo para la contratación".

La actual directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso, sugirió a Antía realizar una consulta al Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, debido a que "en principio se estaría visualizando una falta al principio de imparcialidad", informó el semanario Búsqueda el 9 de junio.

Chiribao señaló ahora que “nosotros queríamos el Instituto de Derecho Administrativo dijera: Pio está fuera de todos estos temas, de toda sospecha. Pero no fue posible. Y razonablemente cualquiera puede tener sus sospechas de lo que está pasando y por qué no quieren que el Instituto haga su informe”.


Escuche el audio completo de la entrevista: