La Comisión de Legislación de la Junta Departamental continúa su ronda de consultas sobre las clausuras del Carmar Apart Hotel y del Convention Center de Arcobaleno decretadas, semanas atrás, por la Intendencia de Maldonado debido a deudas tributarias. El Partido Nacional insiste en que la medida es injusta y afecta a los empresarios que arriendan los locales.
El doctor Carlos de Álava y el abogado Rafael Barla comparecieron, este miércoles, ante la Comisión d de Legislación en representación de las directoras generales de Higiene y de Asuntos Legales de la comuna para informar sobre el procedimiento de clausura de los citados establecimientos.
Ambos jerarcas “mantuvieron la posición de la IDM respecto a que es exigible la contribución inmobiliaria no al propietario sino al ocupante del local comercial”, resumió a FM Gente el edil nacionalista Alejandro Lussich, que discrepa con esta nueva interpretación de un decreto que rige desde hace 20 años en Maldonado.
“Nos parece inconveniente que, previo a una temporada que viene complicada, la IDM esté clausurando locales comerciales con notorio perjuicio a terceros y pérdida de fuentes laborales. Además, sin cobrar la contribución. Debe pagar el impuesto el responsable, no terceros que se ven perjudicados por una presión arbitraria que está ejerciendo la IDM”, consideró Lussich.
La intención del Partido Nacional es que la Junta Departamental apruebe un proyecto de decreto interpretativo y que, entretanto, los locales continúen funcionando. Sin embargo, la de ayer fue la última reunión de la comisión antes del receso estival y no hubo acuerdos.
Lussich anunció que insistirá, después de las fiestas, para que la comisión vuelva a trabajar en el tema. “Notoriamente, están siendo perjudicadas algunas personas del departamento por una interpretación nueva que la IDM hace del decreto. De Álava y Barla admitieron que se trata de un cambio de criterio y que no se ha notificado de forma debida a los arrendatarios”, concluyó.
(foto: puntaweb)
mr