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“Estamos en una democracia plena, donde hay gran respeto entre los tres poderes del Estado. Ha habido alguna situación puntual de desencuentro, pero yo creo que estamos los tres poderes trabajando para superarla”, dijo Chediak.

“Y en lo puntual, en las necesidades económicas del Poder Judicial, se ha avanzado en la consecución del algunos objetivos presupuestales que habían quedado pendientes el año pasado”, agregó.

El ministro dijo que el edificio del Centro de Justicia de Maldonado “se está construyendo… La situación es que el 100% de nuestros recursos presupuestales para inversiones se está destinando a este edificio de Maldonado. Y si bien vamos a poder completarlo en los primeros meses del año que viene, nos ha obligado a suspender la mayor parte de las obras, incluso las de reparación y mantenimiento, en el resto del país”.

Destacó que “sí se va a lograr culminar el primer módulo del edificio de Maldonado, que va a ser para la justicia penal, dado se está por poner en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal. Pero para el Poder Judicial ha sido complicado, porque no tenemos resto económico para acometer las obras en el resto del país”, remarcó.

Admitió que no se cuenta con los fondos necesarios para aplicar este nuevo código. “Es notorio que las reformas procesales penales tienen un costo. Lo venimos diciendo desde el año 2005 en la comisión creada para redactar este código”, recordó.

“El Poder Judicial no ha recibido ningún refuerzo de rubros. Estamos conversando con el Poder Ejecutivo y con el Senado, señalando que algunas partidas presupuestales mínimas, incluso para la aplicación parcial del Código, son indispensables. Trataremos de obtenerlas a los efectos de no demorar indefinidamente su aplicación, que es muy importante para toda la República, para la democracia toda, para dar una respuesta más eficaz a este problema de la seguridad, que nos afecta a todos”, agregó.

Respecto al juicio planteado y ganado por los funcionarios, dijo que la única posibilidad de pago “es a través de Rentas Generales. Hemos planteado la inconstucionalidad de la norma que nos obliga a costear con nuestros propios recursos las sentencias en nuestra contra y hemos obtenido una medida cautelar de suspensión de su aplicación, a los efectos de esperar que se pueda superar esta situación coyuntural… Porque el Poder Judicial no cuenta tampoco con recursos para afrontar las decenas de millones de pesos que significan estas diferencias salariales acumuladas desde el año 2011”, destacó.

Dijo que se trata de 3.700 funcionarios, con un reclamo acumulado durante cuatro años. “Lo deberá costear el estado a través del Ministerio de Economía y Rentas Generales, como se ha hecho siempre”, explicó.

En otro orden, el ministro consideró que los dos juzgados para tratar los casos de crimen organizando “están funcionando adecuadamente bien. Lo que va a haber es el recambio normal de titulares luego de la Feria Judicial Menor en julio, que se hizo ya y que se anunció desde que se crearon. Son juzgados de muy alta exposición para los magistrados, que requieren limitaciones importantes a su vida privada, dado que tienen custodia especial, vehículos blindados”, explicó. “La Suprema Corte dijo que cada tres años se iba a cambiar los titulares y así se hizo”, señaló.

Destacó que ahora la segunda generación de jueces del crimen organizado ha cumplido sus plazos “y desde principios de año hemos anunciado que se va a proceder al recambio natural. Todavía no están elegidos loe nuevos jueces. Seguramente el próximo mes la Corte empezará a analizar los nombres y se procederá al cambio en julio”.


Chediak visitó este martes Punta del Este para disertar sobre “El Estado de Derecho: pilar fundamental de los Derechos Humanos”, invitado por la Facultad de Derecho del CLAEH.