El sector nacionalista Unión y Cambio reiteró este martes su denuncia respecto a la existencia de graves errores en el Digesto Departamental, que recopila toda la normativa nacional y departamental y que estuvo a cargo de una empresa contratada por la Intendencia. El edil Alejandro Lussich exigió saber quién fue el responsable de controlar el trabajo, por el cual se pagó $ 3.600.000.
Lussich reconoció, en el plenario, que la elaboración del digesto encarada por el gobierno departamental fue avalada por todos los partidos políticos y era largamente reclamada desde el retorno a la democracia. Sin embargo, afirmó que la primera etapa del documento presenta al menos 60 errores y que el Tribunal de Cuentas de la República observó la contratación de la consultora en lo que, a su juicio, constituye “un trámite absolutamente irregular”.
Lussich comenzó recordando que, en diciembre de 2010, la Intendencia contrató directamente a la Asociación Ciudadana por los Derechos Civiles “pero nada pasó” hasta que, en setiembre de 2011, el intendente resolvió dejar sin efecto esa contratación “sin expresión de causa”. Finalmente, se contrató a la empresa HIC Consultores que elaboró el digesto y publicó una primera parte con gruesos errores, según la bancada nacionalista.
El edil enfatizó que, el jueves pasado, la Comisión de Legislación trató el tema y que, en esa instancia, los blancos presentaron un informe donde el catedrático Daniel Hugo Martins verifica “alrededor de 60 errores no menores” que figuran en esa primera parte. A raíz de esa situación, todos los miembros de la comisión acordaron pedir informes a la asesoría jurídica de la Intendencia respecto a la postura de Martins y también pidieron a la unidad legislativa de la Junta que se expida sobre esa publicación.
Según Lussich, es necesario saber quién es el responsable de controlar la publicación del digesto y cómo se hará para evitar más errores en la publicación de las siguientes etapas, por lo cual su sector también pidió informes a la Intendencia sobre esta situación.
El edil teme que la normativa específica departamental –que forma parte de la siguiente etapa del digesti- tenga más errores y permita “la posibilidad de que haya gente que se sienta perjudicada y exija la responsabilidad del gobierno departamental ante terceros”.
Subrayó, asimismo, que la contratación fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCA) porque “el llamado no fue publicado ni se le dio publicidad”. “El 16 de noviembre de 2011 el intendente dispuso ampliar el plazo de presentación de interesados cuando ya había una propuesta presentada. El TCA observa que una oferta se presentó en noviembre, se amplió el plazo, viene una oferta en diciembre y se adjudica a esta última”, comentó Lussich.
Añadió que, para el TCA, “no se respetó el principio de igualdad entre los oferentes, no hubo procedimiento competitivo y no se invocó ninguna causal de excepción”. Por este motivo, pidió al Ejecutivo que explique por qué razón se llevó a cabo este trámite “absolutamente irregular” y que aclare qué medidas de control habrá a futuro con la publicación de lo que resta del digesto.
Escuche el planteo de Lussich en la Junta: