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El Poder Ejecutivo firmó, el 23 de febrero de 2015, una resolución en la que multaba a Perazzo por U$S 88.934 por “haber incumplido con las obligaciones” de fiscalización de la operación de venta de la estancia, por la que debió haber reportado la operación al Banco Central del Uruguay (BCU).

Perazzo buscó un comprador para el ex dueño del predio, Walter Kobylanski, que terminó siendo adquirido por U$S 14 millones por la sociedad anónima Jumey.

En la sentencia, a la que accedió el semanario Búsqueda, el TCA indica que la sanción fue “indebidamente incrementada”.

Si bien el Poder Ejecutivo se amparó en la ley de control y prevención de lavado de activos, obliga a que se reporten transacciones que resulten inusuales o injustificadas, se utilizaron otros argumentos que llevaron a que la Justicia anulara la multa.

Para el TCA , el monto de la sanción no debió estar basada en la que la omisión del involucrado supuso un “ riesgo reputacional” para Uruguay ni por “una denuncia presentada por legisladores argentinos ante la Justicia especializada en Crimen Organizado”.

La defensa de Perazzo, representado por el estudio Brum Costa, alegó que el agente inmobiliario cumplió con los pasos que debía al ser intermediario del vendedor, no consideró que tenía que conocer al cliente de la otra parte que también actuaba como intermediario ni tampoco que había por qué informar al BCU. Sin embargo, el tribunal desestimó esos argumentos.

A fines de mayo, los ministros del TCA anularon la multa que también por el mismo negocio se había impuesto al escribano Adolfo Pittaluga Shaw, que participó en la misma transacción, sancionado por casi U$S 290.000.

Cabe agregar que al igual que con el agente inmobiliario la sanción impuesta fue “aumentada desproporcionalmente”.