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El jerarca admitió que preocupa la noticia de la venta del 25% del paquete accionario de CIEPE (Centro Internacional de Eventos de Punta del Este), que maneja el Centro de Convenciones y Predio ferial. Según trascendió, la operación fue por un monto de 1,2 millones de dólares.

Pereira dijo que estas cosas “inciden, o influyen en cierta medida, en el funcionamiento… Esto fue discutido ayer por el Comité de Gestión convocado por la Corporación Nacional para el Desarrollo”, en la que además de la representación de la IDM estuvieron presentes delegados del los ministerios de Economía y de Turismo

Destacó que en este “se pusieron de manifiesto estos aparentes incumplimientos”.

Agrego que, además de la notificación, se está requiriendo conocer el plan de negocios de esta empresa, que no lo conocemos… Queremos saber cómo sigue este proceso. Por ahora dejamos en suspenso la multa hasta que se nos plantee, debidamente, el plan de negocios”, remarcó.

Indicó que esta venta se habría registrado a fines del año pasado, “sin comunicación previa, como corresponde de acuerdo al contrato”. Destacó el contrato “es muy claro” respecto a que quienes intervienen el Comité de Gestión “no podrían quedar ajenos a estos cambios”.

También manifestó que “la Corporación identifica estos inconvenientes y por eso nos convoca… Finalmente, la composición (del paquete accionario) queda con un 64% a nombre de la Rural S.A. y un 36% a nombre de Ubatur S.A., integrado por gente de la zona”.

Resaltó que la preocupación surge porque no hubo comunicación previa, sino que la notificación se hizo a posteriori, “cuando ya no teníamos nada para hacer. Vamos a enviar una nota, enterándonos de la situación y planteando la posibilidad de aplicar ciertas multas, lo cual está a estudio. Por lo menos para que haya garantías de que se están manejando las cosas de la mejor manera posible. Por lo menos a
partir de ahora”, afirmó.

Agregó que “las multas ya estría en condiciones de aplicarse. Por ahora están en suspenso. Vamos a ver cómo reaccionan los involucrados. Son multas que van hasta las 75 mil Unidades Indexadas. Y esto ocurrió dos veces. Una el 18 de enero de 2016 y otra el 5 de octubre de 2016. Hubo cambios que, sin ser cosas profundas, de alguna manera modifican la estructura societaria. Y eso debía estar en conocimiento de la administración del Centro de Convenciones, que, por contrato, es la Corporación Nacional para el Desarrollo”.

Pereira manifestó que, si bien hay auditores, corresponde en primer término platear su disconformidad con esta forma de proceder a los directamente involucrados en la gestión del Centro de Convenciones.

Tras reiterar sus críticas a la forma en que se concibió el contrato, confirmó que la IDM sigue aportando para este proyecto, cumpliendo con los gastos de funcionamiento, con el pago de los servicios, como la luz, por ejemplo. “Esto va a redondear más de 42 millones de dólares. Entonces nos es posible que Maldonado no sea respetado en estas circunstancias. Y eso es lo que estamos tratando de hacer”, precisó.

Aclaró que la IDM no paga los salarios de los empleados. Sostuvo hay gastos que afrontar y no todos los accionistas los estaban cumpliendo.

“Los cambios en el paquete accionario obedecen, evidentemente a que algunos actores no estuvieron a la hora de capitalizar. Hay un problema interno en el paquete societario… Pero no es nuestro interés introducirnos en eso, porque no tenemos ningún tipo de participación. Pero sí en cuento a cuidar los dineros que son de Maldonado. Segamos aportando y no estamos dispuestos a que se siga gestionando de esta forma, sin la transparencia debida, como dice el contrato que debe hacerse”, señaló.